Los ropavejeros se oponen a la ley anticontrabando

La Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso rechazó el viernes el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando que es analizado en la Cámara de Diputados, porque puede afectar las fuentes de trabajo, y solicitó una reunión con el presidente Evo Morales.
“Resulta que anteayer nos enteramos que ya se iba a tratar este anteproyecto, entonces hemos presentado notas a las autoridades rechazando este proyecto de ley, y pidiendo primero que se busque una solución para los comercializadores de ropa de medio uso antes de aprobarla”, dijo la presidenta de esa organización Elizabeth Verástegui en entrevista con la red Unitel.
Morales remitió al Legislativo una propuesta de ley para endurecer las sanciones a los contrabandistas y autorizar que los militares quienes luchan contra esa actividad ilegal porten armas de fuego, entre otros aspectos. La medida fue asumida tras la muerte de dos efectivos de las Fuerza Armadas en una emboscada, que ocurrió el 11 de marzo, luego de la incautación de dos vehículos “chutos” en Sabaya, Oruro.
Verástegui explicó que pese a que existe el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación de ropa a medio uso, aprobado el 2014, “no se cumple”, por lo que consideró que mientras no se regularice esa norma, el proyecto de ley anticontrabando afectaría a ese sector, además de enfrentarlo con los policías.
“La Ley habla de contrabando y eso implica a todo el sector, porque lo nuestro es contrabando, primero deberíamos buscar una solución para nuestro sector que trabaja con ropa de contrabando y después aprobar leyes”, mencionó.

Reunión
La dirigente pidió una reunión con el primer mandatario para presentarle una contrapuesta, que fue elaborada hace unos dos años atrás, que establece que importadores y comercializadores de ropa usada paguen impuestos de acuerdo con su capital y da la tuición a las alcaldías para que realicen el decomiso de esas prendas.
Anunció que se convocará a un ampliado nacional para asumir otras medidas de presión en caso de que el Gobierno no escuche a ese sector, como ser el bloqueo de caminos.
El día jueves Verástegui, había anunciado que ese sector se declaró en estado de emergencia por el peligro de enfrentamiento entre bolivianos que podría abrir la Ley.
Esa organización cuenta con 250.000 afiliados en todo el país.