Arce antes de Evo

Poco después del medio día la exministra de la Presidencia y mano derecha de Luis Arce durante una década, María Nela Prada, publicó en sus redes una “denuncia” por la aprehensión de su ex jefe. La propia Prada fue la que aseguró que fue “secuestrado” por la Policía y conducido a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Aporreó la puerta durante un rato y atendió entre lágrimas a los periodistas allí congregados. Fue también Prada la que enmarcó el asunto en la investigación por el manejo del Fondo Indígena, que data de hace más de una década pero que nunca ha sido cerrado. La última declaración de Lidia Patty ha podido ser el acelerador de la medida de aprehensión.

De momento apenas hay informe ofiocial y la Fiscalía confirmó la vinculación con el exFondioc, pero el vicepresidente Edmand Lara usó su TikTok – cuando no – para anotarse el tanto: “Dijimos que iría preso y cumplimos”.

El asunto tiene varias nebulosas a falta de una versión oficial. Circula por redes una orden de aprehensión por este caso que data del 29 de enero de 2020, con Jeanine Áñez en el Gobierno y Arce ya ungido candidato del MAS para unas elecciones que debían ser en mayo y que las atrasó hasta octubre la pandemia – y que entre otras cosas hizo también naufragar la campaña de Áñez -; pero lo cierto es que se emitió con fecha de hoy uno nuevo.

El punto de la denuncia tiene también otra arista que pulir: El Fondo Indígena denunciado dependía del entonces ministro de Economía, Luis Arce, pero no dejaba de ser una política del expresidente Evo Morales, que también está anotado en la lista de Sokol, Paz y Lara sin que se encuentre el momento propicio para el operativo.

La Constitución Política del Estado y la Ley 044 hace clara diferenciación entre lo que son delitos comunes y delitos de responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Para los segundos reserva la consideración de “Juicio de Responsabilidades” que debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pero en cualquier caso es el Ministerio Público quien debe iniciar la investigación y si procede, emitir un Requerimiento de Acusación dirigido a la ALP, que si lo considera por dos tercios, remite al Tribunal Supremo para su juzgamiento.

En los 11 meses del gobierno de Áñez no se encausó ninguna denuncia por el ejercicio del cargo contra Evo Morales y sí varias denuncias por delitos comunes vinculados a relaciones con menores, para los que no existe ningún mecanismo de juicio de responsabilidades.

Mientras, el juicio de responsabilidades contra Arce – usando su propia argumentación – no tendría lugar por delitos cometidos durante su ejercicio como Ministro, el caso puede llegar hasta Morales.

Como sea, la soledad de Prada en las puertas de la FELCC rodeada de periodistas contrasta con la de Evo Morales, refugiado en el Chapare y todavía rodeado por un nutrido grupo de leales que “siguen impidiendo” a la Policía cumplir con el requerimiento, peor en estos días donde los excesos policiales han vuelto a hacer noticia.

Como sea, las alarmas han sonado en el Chapare.