Limitan el derecho a la protesta en Colombia

Un nuevo proyecto de decreto elaborado por el Ministerio del Interior faculta a la Policía Nacional de Colombia para disolver movilizaciones de manera inmediata, eliminando la obligatoriedad de agotar instancias previas de mediación. La norma impulsada por la administración de Abelardo De la Espriella desmonta el esquema del Decreto 003 de 2021, el cual priorizaba la concertación social antes del despliegue de las unidades antidisturbios.

Con la entrada en vigor de este protocolo, la fuerza pública podrá intervenir de forma simultánea ante el reporte de bloqueos o alteraciones a la movilidad, relegando la labor de los gestores de convivencia. El Puesto de Mando Unificado asumirá el control de las operaciones en las calles sin exigir la presencia ni el aval obligatorio de los organismos de derechos humanos.

Desde la perspectiva de las plataformas sociales, esta decisión gubernamental vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 37 de la Carta Magna, abriendo la vía a la represión sistemática del reclamo popular. Organizaciones civiles advierten que suprimir el diálogo previo reactiva los patrones de uso desproporcionado de la fuerza, recordando las trágicas secuelas de traumas oculares y violencia policial registradas durante el Paro Nacional de abril y julio de 2021.

El articulado impone además un matiz punitivo sobre la participación familiar al establecer sanciones administrativas por la presencia de menores de edad en las marchas. Esta estigmatización afecta directamente a las comunidades campesinas, indígenas y trabajadoras informales, sectores vulnerables que se desplazan de forma colectiva ante la falta de infraestructura de cuidado en sus territorios.

Dirigentes parlamentarios y defensores de derechos humanos calificaron el proyecto como un «incentivo criminal al desastre», advirtiendo que la eliminación del diálogo previo busca reinstaurar la doctrina de la seguridad nacional e intensificar la brutalidad represiva en las calles.

Paralelamente, exfuncionarios del Ministerio del Interior y organizaciones sociales cuestionaron la maniobra del Ejecutivo.