Corte avala decomiso de bienes a Cristina Fernández

La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó este jueves los recursos de apelación presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la causa conocida como «Vialidad», con lo que dejó firme el decomiso de 111 bienes pertenecientes a la exmandataria y a otros condenados en el proceso.

«Al rechazar los recursos de la defensa, la Corte dejó firme decomiso», informaron este jueves fuentes de los tribunales federales de Buenos Aires. Con esta decisión, el máximo tribunal argentino avaló el proceso de ejecución de bienes que había resuelto en primera instancia el Tribunal Oral Federal N°2, luego de que este condenara en diciembre de 2022 a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Especialistas en derecho y sector opositores denuncian que se trata de un caso de lawfare (persecusión judicial) destinado a proscribir a la expresidenta argentina y principal dirigente del peronismo, ya que no hubo pruebas en su contra durante el proceso que concluyó con su condena.

En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°2 había ordenado decomisar un bien de la exjefa de Estado, 19 pertenecientes a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y 84 al empresario Lázaro Báez, señalado por la justicia como beneficiario de contratos de obra pública direccionados en la provincia de Santa Cruz durante la gestión de Fernández de Kirchner.

Con el fallo de la Corte Suprema, el monto total del decomiso se actualizó de 85.000 millones de pesos (56,2 millones de dólares) a 685.000 millones de pesos (453,2 millones de dólares), de acuerdo con la inflación acumulada.

La decisión fue firmada por los tres integrantes del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los planteos de nulidad presentados por las defensas sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

A finales de abril, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, ya había confirmado el decomiso de bienes.