En Ecuador padecen de hambre aguda 2.6 millones de personas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un reporte humanitario de carácter urgente donde revela que más de 2.6 millones de personas padecen hambre aguda en la República del Ecuador. Las agencias multilaterales alertaron que el país atraviesa una emergencia compleja que priva de manera sistemática a millones de ciudadanos del acceso suficiente a los rubros alimentarios básicos.

La gravedad de la inseguridad alimentaria se manifiesta en que amplios sectores de la población consumen apenas una o dos raciones de comida al día. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases determinó que esta carencia nutricional crónica afecta el desarrollo cerebral infantil y perpetúa la trampa de la pobreza.

La investigación de los organismos internacionales proyecta que para el período de agosto a noviembre del presente año la gravedad de la crisis se mantendrá invariable. El documento pronostica que provincias vulnerables como Esmeraldas y Pastaza permanezcan estancadas en la fase tres de crisis, la cual afecta tanto a residentes como a la población migrante.

La ONU concluyó que esta alarmante realidad responde a una combinación destructiva de factores estructurales inherentes al modelo económico neoliberal vigente. El encarecimiento especulativo de la canasta básica, la inestabilidad de los ingresos de la clase trabajadora y la inacción estatal frente a las plagas agrícolas configuran este escenario de vulnerabilidad.

El presidente Daniel Noboa utilizó su reciente informe a la nación para desplegar campañas publicitarias millonarias sobre supuestos éxitos sociales. El mandatario afirmó haber reducido la pobreza extrema al 21 por ciento, pero omitió datos sobre el endeudamiento externo y la escalada de violencia criminal.

Analistas económicos locales denunciaron que las cifras gubernamentales carecen de rigor científico y metodológico al sustentarse en muestras reducidas de apenas 9.000 entrevistados. Los expertos sostienen que el Ejecutivo manipula los indicadores con bases obsoletas del año 2010 para invisibilizar el colapso de las condiciones mínimas de bienestar.