Suspenden parcialmente la reforma laboral de Milei

La justicia argentina respaldó este lunes una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), mayor central obrera del país, para suspender la aplicación de 82 de los 218 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei, que recorta derechos a los trabajadores y ha causado grandes protestas en el país.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios de regresividad en materia laboral, afectación de principios constitucionales y riesgo de daños irreparables en el marco de la reforma laboral aprobada el pasado febrero por el Congreso, por lo que ordenó la suspensión provisional de artículos que introducen cambios sustanciales en el régimen laboral argentino.

Entre los 82 artículos afectados por la resolución se encuentran aquellos que limitan el derecho a huelga, al establecer límites para la realización de asambleas, y los que habilitan sanciones contra conductas gremiales, entre otros.

El juez resolvió, además, suspender aquellos artículos que afectan el derecho de negociación colectiva y que introducen cambios en los períodos de prueba, en la computación de los años de antigüedad y en las indemnizaciones.

El fallo deja temporalmente sin efecto la derogación de la ley de teletrabajo y los artículos que limitan la responsabilidad de las empresas que utilizan mano de obra tercerizada y que califican de "prestadores independientes" a los trabajadores de plataformas tecnológicas.

Según la demanda sindical, la reforma establece "modificaciones peyorativas y permanentes" que vulneraban de forma ostensible derechos constitucionales, así como la protección ante el despido y la libertad sindical. El juez reconoció la legitimidad del reclamo de la CGT y decidió dar lugar a esta medida provisional, con posibilidad de apelación.

El Ministerio de Capital Humano de Argentina anunció en un comunicado que, de hecho, apelará el fallo y aseguró que "se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia" de la nueva ley como "expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno".