Colombia: Petro alerta posible fraude electoral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de “serios indicios” de un posible fraude electoral de cara a las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026, al tiempo que cuestionó que el software y la administración de los datos de escrutinio permanezcan en manos de operadores privados.

El mandatario colombiano advirtió sobre riesgos en la administración privada de los datos electorales

Procedimiento digital

En una alocución pública, el mandatario fue enfático al sostener que el sistema electoral debe estar bajo control directo del Estado colombiano, particularmente en lo relacionado con el procesamiento digital de resultados, para garantizar transparencia, soberanía tecnológica y legitimidad democrática.

Petro señaló directamente a la compañía Thomas Gregg & Sons, empresa históricamente vinculada a la logística electoral en el país, afirmando que no debería tener acceso al soporte del software de escrutinio. Según explicó, existen intereses alrededor de la firma que ameritan una revisión estructural del modelo de contratación electoral.

El jefe de Estado recordó que entre 2014 y 2018 se habrían presentado irregularidades en los escrutinios legislativos que derivaron en la asignación indebida de votos a congresistas. Indicó que una sentencia judicial posterior reconoció anomalías, pero fue emitida cuando el periodo legislativo ya había concluido, lo que impidió revertir sus efectos políticos.

Asimismo, afirmó que en las elecciones de 2022 el Pacto Histórico —coalición que lo llevó a la Presidencia— habría sufrido la afectación de cerca de 400.000 votos que, según sostuvo, pudieron ser recuperados gracias a la labor de testigos electorales.

El presidente Petro anunció que entregará las pruebas presentadas en su intervención a las autoridades competentes e incluso a instancias internacionales, con el objetivo de que se investiguen los antecedentes señalados y se adopten correctivos estructurales.

Seguridad electoral

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral. La Defensoría del Pueblo presentó su informe de seguimiento electoral 2025-2026, en el que advierte que la respuesta estatal frente a los riesgos es de cumplimiento parcial.

El organismo identificó 69 municipios con nivel crítico de riesgo para el desarrollo de los comicios, cifra que aumentó respecto a mediciones anteriores. Además, se incrementó el número de territorios que requieren intervención urgente o prioritaria.

El informe alerta sobre la consolidación de estructuras armadas que ejercen control territorial e inciden en dinámicas políticas locales. En departamentos como Córdoba y Antioquia se menciona la presencia dominante del Clan del Golfo, mientras que en el suroccidente —Cauca, Nariño, Putumayo y zonas del Chocó y Valle del Cauca— persisten amenazas, restricciones a la movilidad y hechos de violencia contra liderazgos sociales y candidatos.

La Defensoría advirtió que entre las poblaciones con mayor riesgo se encuentran firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales, defensores de derechos humanos y aspirantes a cargos de elección popular en zonas con alta presencia armada.