Posponen audiencia de Maduro y Flores

La corte federal de Nueva York reprogramó para el 26 de marzo de 2026 la segunda audiencia del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa y primera combatiente, diputada Cilia Flores, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

El presidente legítimo de Venezuela y Flores se encuentran secuestrados tras la agresión militar de EE.UU. contra Venezuela, el 3 de enero, que dejó más de cien personas asesinadas y significativos daños materiales.

El cambio de fecha, originalmente prevista para el 17 de marzo, fue autorizado por el juez Alvin K. Hellerstein debido a “problemas de planificación y logística”, según consta en el documento oficial.

El jefe de Estado y su esposa deberán presentarse ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde se espera que el juez establezca el calendario de diligencias y resuelva mociones previas al juicio.

La comparecencia inicial ante ese tribunal se celebró el 5 de enero de 2026, apenas dos días después de que fuerzas estadounidenses secuestraran al líder venezolano en Caracas.

En aquella ocasión, el presidente bolivariano se declaró “no culpable” de los cargos imputados, rechazó las acusaciones y se proclamó “prisionero de guerra” y jefe legítimo del Estado venezolano, mientras que su defensa también desestimó las imputaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense, que impulsa un juicio sin sustentación y políticamente motivado.

Estados Unidos ha formulado cargos que incluyen supuestos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, acusaciones que las autoridades venezolanas tildan de infundadas y parte de una campaña para justificar la intervención contra el país sudamericano.

Caracas ha cuestionado la legitimidad de estas imputaciones, recordando que una acusación original contra Maduro por liderar el denominado “Cártel de los Soles” fue retirada por falta de evidencia concreta.

El caso se produce en un contexto de prolongada hostilidad de Washington contra Caracas, en el que la Casa Blanca ha recurrido frecuentemente a la caracterización de amenazas a su “seguridad nacional” para imponer presión política o intervenir militarmente.

Esta postura ha servido históricamente como pretexto para vulnerar la soberanía de naciones, intervenir en sus asuntos internos o acceder a sus recursos naturales a través de sanciones, operaciones militares o presiones económicas.