Noboa decreta nuevo estado de excepción

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres municipios del país como respuesta al recrudecimiento de la violencia vinculada al crimen organizado.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 277, con el que, según el Gobierno, se busca reforzar las acciones de seguridad frente a una situación que se ha agravado.

Pese a los reiterados estados de excepción y al despliegue permanente de fuerzas de seguridad, la estrategia del Gobierno no ha logrado contener la violencia. Lejos de disminuir, los delitos graves y los homicidios continúan en aumento, lo que pone en duda la eficacia de las medidas adoptadas y evidencia que la respuesta basada en la excepcionalidad no ha conseguido revertir el avance del crimen organizado.

De acuerdo con el decreto presidencial, reportes técnicos recientes advierten que la criminalidad organizada no solo se mantiene, sino que ha aumentado su intensidad y alcance.

El Ejecutivo señala que existe una red delictiva interconectada a través de corredores logísticos y zonas de influencia, lo que exige una intervención estatal integral, coordinada y focalizada.

El nuevo estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, incluye a los municipios de La Maná, en Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar.

En las áreas alcanzadas por la medida se suspenden los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos sin dilaciones “en operativos contra organizaciones criminales”, así como acceder a información considerada clave para prevenir o neutralizar amenazas a la seguridad.

Ecuador permanece desde 2024 bajo un escenario declarado de “conflicto armado interno”, impulsado por el propio Noboa para intensificar la ofensiva contra bandas criminales catalogadas como terroristas. Sin embargo, el país cerró 2025 con cifras históricas de violencia: hasta el 19 de diciembre se registraron 8.847 homicidios, según datos policiales.

Un informe técnico-jurídico del sistema ECU-911 da cuenta de la gravedad del panorama en varias provincias, donde se reportaron amenazas de bomba, hallazgos de personas fallecidas, heridos, tiroteos y presencia de explosivos. Entre el 1 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025 se atendieron 573 emergencias relacionadas con muertes violentas.