Gobierno de Milei defiende protocolo antipiquetes

La respuesta del Gobierno argentino al fallo judicial que anuló el protocolo antipiquetes implementado para evitar los bloqueos de calles no se hizo esperar, ya que desde el Ejecutivo confirmaron que presentarán una apelación contra esa sentencia, informan medios locales.

"El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con respaldo de los argentinos"                                                                                            Patricia Bullrich, senadora

"Se apelará esta decisión de la justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden", anunció el Ministerio de Seguridad en su cuenta de X, mensaje que acompañó con un comunicado en el que recordó que "la justicia ya ha validado el protocolo en reiteradas ocasiones". "Sin el protocolo vuelve el caos", agregó.

Aseguró que el protocolo es "legítimo" y que "tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos", a la vez que lo definió como "la herramienta que devolvió el orden, previsibilidad y paz social". "El protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar, pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros", reza el comunicado.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el fallo judicial "responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", por lo que insistió en la necesidad de defender el manual de procedimientos "a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos".

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se manifestó a través de las redes sociales donde instó a la aplicación de la normativa. "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos", recordó.

Además, aseguró que quienes festejan son "los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización", mientras que los "perjudicados" son "siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz". "El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás", advirtió.

La anulación del protocolo antipiquetes fue ordenada por el juez contencioso administrativo Martín Cormick, al fallar a favor de un recurso de amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el fallo consideró que a través de la normativa "se regulan derechos constitucionales y convencionales", como "el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho de reunión", que solamente "pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional".

Cuestionó también la interpretación del Ejecutivo sobre los artículos del Código Penal, señalando que el Ministerio de Seguridad asumió "solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias".

En ese contexto, el magistrado criticó la definición de "impedimento al tránsito" establecida en el manual, la toma de datos biométricos de manifestantes y la ausencia de criterios claros sobre el uso "no letal" de la fuerza.

Por su parte, el CELS destacó el fallo y aseguró que "el Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta".