Ecuador: CIDH anuncia cautelares por desapariciones

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas en Ecuador en el contexto de la militarización promovida por el Gobierno y seis mujeres que encabezan su búsqueda.

La CIDH consideró que esas personas se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida e integridad personal.

La decisión consta en la Resolución 97/2025, adoptada el 24 de diciembre, y se refiere a desapariciones ocurridas en 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno y desplegó a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

Según la CIDH, a las 26 personas las detuvieron efectivos militares durante operaciones ese año, sin que hasta la fecha exista información oficial sobre su paradero, pese a denuncias presentadas y decisiones judiciales emitidas a nivel interno.

El organismo regional también concedió medidas de protección a seis mujeres, familiares de los desaparecidos, quienes lideran las labores de búsqueda y que, de acuerdo con la Comisión, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y actos de hostigamiento vinculados a su activismo.

Entre las acciones ordenadas al Estado ecuatoriano, la CIDH pidió reforzar los esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas mediante un plan de búsqueda con resultados medibles y participación de las familias.

Asimismo, ordenó entregar toda la información disponible, incluida la requerida por tribunales nacionales y por Naciones Unidas, y garantizar protección a las mujeres buscadoras con enfoque de género, así como atención en salud física y mental.

La Comisión señaló que, aunque el Estado informó que existen investigaciones en curso en la Fiscalía General por el delito de desaparición forzada, la situación de los desaparecidos no ha sido esclarecida y su paradero continúa siendo desconocido.

La CIDH advirtió, además, que entre los desaparecidos hay niños y adolescentes, y cuestionó que las autoridades alegaron confidencialidad de información militar para no cumplir con órdenes judiciales que disponen la entrega de datos sobre los operativos.