Venezuela denuncia secuestro de barco petrolero por EEUU

El Gobierno de Venezuela denunció de manera formal el grave uso de la fuerza, secuestro y piratería por Estados Unidos de un barco privado que transportaba petróleo venezolano al mercado internacional, el pasado 10 de diciembre.

Así lo denunció este martes en una carta que entregó el representante permanente de la República Bolivariana, Samuel Moncada, al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Samuel Zbogar.

El texto leído ante la prensa aquí indicó que los tripulantes de la embarcación “fueron secuestrados e incluso, a la fecha de hoy, permanecen desaparecidos”.

Moncada señaló que se trató de un acto de piratería de Estado, ejecutado mediante el uso de la fuerza militar, que “constituye un robo descarado de activos que no pertenecen a Estados Unidos, sino que forman parte del comercio internacional lícito de un Estado miembro de las Naciones Unidas”.

Denunció que este no es un hecho aislado y se inscribe en una “política sostenida de coerción y agresión contra Venezuela”, caracterizada por la aplicación prolongada de medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas, que derivan en una práctica aún más grave: la piratería marítima ejercida directamente por un Estado como instrumento de confiscación forzosa en alta mar.

El embajador venezolano subrayó que esa práctica, independientemente de quién la ejecute, está expresamente prohibida por el Derecho Internacional.

En tal sentido, mencionó que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en su artículo 101, define la piratería como todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido en alta mar contra un buque, su tripulación o sus bienes por un sujeto privado.

Cuando es la fuerza militar de un Estado la que ejecuta los mismos actos catalogados de piratería, “el hecho no hace sino agravar la acción hostil y genera una alarma que sacude las bases del sistema multilateral”, cuyos principios fueron flagrantemente vulnerados en este caso, subrayó.

De igual manera, declaró que la Carta de la ONU, en su artículo dos, párrafo cuatro, prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y solo corresponde al Consejo de Seguridad, conforme a los artículos 39 y 42, determinar la existencia de amenazas a la paz y, en su caso, autorizar medidas coercitivas.