Petro: oposición controla al CNE en Colombia

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia de sancionar la campaña “Petro Presidente 2022-2026”, en medio de un escenario electoral, fue interpretada por Gustavo Petro como una prueba de que la oposición controla a ese órgano.

Durante el jueves, la referida entidad le impuso multas por un valor superior a los cinco mil millones de pesos (más de un millón 300 mil dólares al cambio actual) a los partidos Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana (la colectividad política del jefe de Estado), así como a quien fuera el gerente de campaña, Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Soto.

El motivo de la sanción, según alude el CNE, responde a la presunta recepción de recursos de orígenes no permitidos y a la violación de los topes establecidos para la financiación.

Tras el anuncio, el gobernante rechazó en términos muy firmes las imputaciones y afirmó que esa decisión no es más que la oposición multándolos.

“No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que las de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición. Si los sindicatos apoyan partidos son sobretopes; pero si son los banqueros, no”, denunció en su cuenta de la red social X.

Añadió que los pagos a los testigos electorales, a cuyo empleo tienen derecho los partidos y la ciudadanía, no constituyen gastos de campaña por lo que no se pueden contabilizar dentro del proceso.

“Que la oposición deje de ser mentirosa y antidemocrática”, pidió.

Remarcó Petro que no hubo un solo peso del narcotráfico en su campaña y que, tras años de investigación de la oposición, que es mayoría en el CNE, no pudieron encontrar ninguna evidencia que lo asociara a fuentes ilícitas.

En un comunicado, la colectividad calificó la medida como “una herramienta de carácter político cuyo efecto es sembrar incertidumbre jurídica sobre el proceso electoral que condujo a la elección del actual presidente de la República, comprometiendo la estabilidad institucional”.

Su secretario general, Gabriel Becerra, advirtió además que, sobre la base de esa decisión, quienes promovieron la sanción buscarán “ir al Congreso, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a pretender golpear al presidente”.