Rechazan impedir salida al exterior de Boluarte

Un juez rechazó el pedido del Ministerio Público de prohibir la salida del país de la expresidenta peruana Dina Boluarte y cerró el proceso por lavado de activos que motivó la solicitud.

Tras una audiencia en la que el fiscal del caso y el abogado de la mandataria expusieron sus argumentos, el juez Hernando Vázquez, dictaminó que no se justifica impedir que Boluarte salga del país en los próximos tres años, como planteaba la acusación.

El magistrado fue más allá y estableció que tampoco se ha probado la existencia de delito en la causa contra Boluarte y otros dirigentes del Partido Perú Libre (PPL), por lo que archivó el proceso.

La acusación data de la etapa previa a la llegada del citado partido al gobierno, en 2021, y fue parte de una campaña contra la organización tras asumir la presidencia su candidato, Pedro Castillo.

El cargo desestimado hoy por el juez, de supuesto lavado de activos, se refiere a una colecta realizada en la región centroandina de Junín para pagar una indemnización judicial del secretario general del PPL, Vladimir Cerrón.

La acusación sostenía que, cuando era gobernador de esa región, el PPL había obligado a empleados de la gobernación a recaudar dinero mal habido, mediante sobornos, para costear una especie de indemnización judicial exigida a Cerrón.

Para recaudar los fondos, Boluarte, entonces militante y candidata a la vicepresidencia por el PPL, abrió una cuenta conjunta con otro directivo de la organización, lo que, según la fiscalía, la incriminaba.

Sin embargo, el juez Hernández dijo este miércoles que abrir una cuenta bancaria no es un delito y que no se ha probado que el producto de la colecta sea ilegal y que los aportadores interrogados durante las investigaciones dijeron que contribuyeron voluntariamente además de que no se ha acreditado ningún testigo.

Boluarte tiene pendientes una decena de investigaciones por presunta corrupción y otros temas, aunque los principales, las 50 muertes en las protestas contra su ascenso al cargo y los cargos de peculado por posesión no declarada de joyas de muy alto valor, entre otros, fueron archivados por el Congreso conservador.