Archivo a acusación contra Boluarte genera críticas

Duras críticas persisten en Perú ante el descarte por una subcomisión parlamentaria de la denuncia del Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, por muertes registradas en las protestas contra su ascenso al cargo.

Juristas, parlamentarios e internautas coincidieron en considerar como un “blindaje” (protección cómplice) y fraude la decisión unánime de los 12 miembros de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El abogado Carlos Rivera, especializado en casos de derechos humanos y corrupción, dijo que el archivo de la grave denuncia confirma la existencia de un “pacto de impunidad” entre la mandataria y la mayoría parlamentaria.

Evidencia suficiente

Refutó el argumento central de que no había evidencia suficiente para dar paso a un proceso de investigación previo a un juicio, como sostuvo el dictamen elaborado por el congresista José Jerí, centro-derechista y fuerte candidato a presidir el Parlamento.

Por el contrario, Rivera aseveró la enuncia era “suficientemente potente, pues consigna pruebas de que la mandataria estaba debidamente informada de la represión militar y policial que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, causó 50 muertes.

Agregó que el dictamen de la subcomisión no causa sorpresa, porque responde a lo que llamó pacto de impunidad entre la presidenta Boluarte y las fuerzas políticas derechistas mayoritarias del Congreso.

El jurista consideró además risible el argumento del informe aprobado, de que no hay elementos suficientes para aprobar la denuncia contra Boluarte.

“La denuncia da cuenta de al menos 10 acontecimientos en los que se han producido asesinatos” de los que la presidenta tenía perfecto conocimiento de esos hechos y no hizo nada para detenerlos o sancionarlos, lo que estaba en sus atribuciones, afirmó.

Es posible que se vuelva a presentar la denuncia ante el nuevo Congreso a elegirse el próximo año con nueva evidencia, lo que consideró complicado Rivera.

El jurista anotó sin embargo que los familiares pueden denunciar el caso ante la justicia supranacional a la que está adscrito el Estado peruano, instancia que prohíbe amnistías como la aprobada.

Las normas y decisiones de esa instancia tienen en Perú nivel constitucional, por lo que una amnistía similar dictada por el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori (1990-2000), fue desacatada por los jueces, por lo que no se aplicó.

La congresista opositora Margot Palacios rechazó el blindaje que se extiende a varios exministros involucrados a los que considera corresponsables de las matanzas.