México y la hoja de ruta para la elección de jueces

El histórico proceso que se lleva a cabo en México para designar por primera vez a jueces, magistrados y miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del voto popular, comenzó formalmente con la publicación de la convocatoria a las elecciones que se realizarán el próximo 1 de junio.

"La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión emite la convocatoria pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras", anuncia el escrito publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El Senado tenía de plazo hasta este miércoles para llamar a elecciones, por lo que durante una sesión que se realizó el martes por la tarde aprobó con 78 votos a favor y 39 en contra una convocatoria que se publicó de inmediato.

En el escrito se detallan los requisitos que deberán cumplir las y los candidatos, así como las funciones que cumplirá el Instituto Nacional Electoral (INE), principal responsable de la organización del proceso.

Para ello, convoca a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que promuevan los comicios entre la población e integren, a más tardar el 31 de octubre, sus respectivos Comités de Evaluación de candidaturas.

'Buena reputación'

También precisa que se elegirán a cinco ministras y cuatro ministros de la SCJN; 22 ministras y ministros del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las Salas Regionales.

A ellos se sumarán 464 cargos en Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación y 386 jueces y juezas de distrito. En todos los casos se garantizará la equidad de género.

Entre los requisitos que deberán cumplir las y los postulantes que renovarán al Poder Judicial, se incluye el acta de nacimiento o nacionalidad mexicana, residencia mínima de dos años en el país, credencial para votar, título de abogacía, historial académico que demuestre las calificaciones obtenidas y constancias de experiencia en el ámbito jurídico.

Destaca la petición de una carta firmada, bajo protesta de decir verdad, de que se goza de buena reputación, que no ha sido condenado por ningún delito ni suspendido de sus derechos políticos, y que tampoco ha ocupado altos cargos de Gobierno en el año previo a la convocatoria.