Fiscalía interroga a Dina Boluarte en medio de una crisis

La presidenta peruana, Dina Boluarte, fue sometida a un nuevo interrogatorio por la Fiscalía por presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, en una investigación que es ingrediente de la crisis política que la asedia.

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La diligencia se produjo en medio de opiniones encontradas sobre la propuesta parlamentaria de vacar (destituir) a la mandataria y al día siguiente de que ella ratificó con vehemencia que, pese a ello, se propone gobernar hasta el fin de la administración quinquenal, en julio de 2026.

La jefa de Estado llegó al Ministerio Público, a seis cuadras del Palacio de Gobierno, rodeada por un fuerte resguardo policial e ingresó al sótano de la sede en automóvil, sin hacer declaraciones a su ingreso ni a su salida.

Boluarte fue interrogada a puerta cerrada sobre el caso de la posesión no declarada de costosos relojes Rolex y joyas sin declarar, una de las causas por las que es investigada.

Permaneció en la Ficalía durante aproximadamente 90 minutos, mucho menos tiempo que el del primer interrogatorio del 5 de abril último, que se prolongó por cinco horas, lo que hizo pensar a reporteros presentes que se habría acogido al derecho de guardar silencio y no responder a las preguntas.

En aquella declaración sostuvo que las alhajas no le pertenecen y le fueron prestadas para lucirlas, por su amigo y aliado político, el gobernador de la región andina de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, explicación considerada poco convincente por la prensa y analistas.

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, indaga a Boluarte además por la decisión oficial de desactivar el grupo policial de élite que apoyaba al equipo de fiscales dedicado a casos de corrupción y que la investiga por el llamado “Caso Rolex”.

Al mismo tiempo, el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, fue detenido, al día siguiente de la desactivación de la unidad policial, y acusado de encabezar una organización delictiva.

El personaje es acusado de usurpación de funciones por influir en el nombramiento de funcionarios y autoridades de nivel local mediante prácticas corruptas, para que apoyen los trámites de inscripción de un partido oficialista.

También está bajo arresto el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, acusado de intentar sobornar con prebendas al ex jefe del grupo policial de apoyo a la fiscalía, coronel Harvey Colchado.