La dura acusación del ELN contra el mandatario Petro

Desde el Comando Central del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) acusaron al Gobierno del presidente Gustavo Petro de tender "una trampa de la paz", al cuestionar los métodos que ha usado el Ejecutivo colombiano para conseguir la desmovilización de otros grupos irregulares armados, que, en decir de esa guerrilla, implicarían la infiltración de agentes de inteligencia del Estado e incumplimientos de lo acordado en las rondas de diálogo.

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El centro de la polémica lo ocupa la organización Comuneros del Sur, a la que la delegación gubernamental asume como una escisión del ELN que opera en el departamento de Nariño, en el sur del país, una versión que la insurgencia niega.

"En varios espacios o 'mentideros de la alta política' colocan en duda de lo que en estas columnas o en comunicados del Comando Central se ha dicho referido a los supuestos diálogos regionales en Nariño, con los llamados 'Comuneros del Sur'", reclama un documento firmado por alias 'Antonio García', primer comandante del ELN, del que se hiciera eco la delegación que participa de los diálogos de paz.

Infiltraciones

De acuerdo con 'García', en la organización Comuneros del Sur "hay varios agentes de inteligencia militar del Estado infiltrados", que aparentemente habrían sido presentados ante la opinión pública como "mandos", uno de los cuales, "llamado Miguel A., realizó operaciones contra estructuras y mandos del ELN en varias regiones del país" a finales de 2022.

Tras estos movimientos, asegura el comandante guerrillero, Miguel A. se habría refugiado en Nariño, donde habría sido protegido por organismos de seguridad del Estado, con los que se habría fraguado "el montaje de un proceso regional de paz, presentado a la vez como una 'división' en las filas del ELN".

"El plan de inteligencia tenía mayor envergadura, pero los 'cables pelados' se fueron descubriendo ante los mismos ojos de Miguel A., por tanto, la precipitud (sic) para hacer público un proceso que se traía en silencio desde hacía varios años", sostiene el texto, en alusión a un reciente proceso de desminado acordado entre Comuneros del Sur y la oficina del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.

¿Desconocimiento?

Según el Comando Central del ELN, el Ejecutivo "siguió con los contactos secretos durante el primer semestre de 2023", en interés de crear "condiciones para normalizar su 'entuerto'", a lo que habría seguido una reunión "con los agentes de inteligencia infiltrados" fechada en agosto de 2023, que habría sido camuflada "con un evento de evaluación del cese el fuego en Nariño".

Esta irregularidad habría sido denunciada "formalmente en la Mesa ante Garantes Internacionales y Acompañantes Permanentes", sin que el Ejecutivo haya puesto los correctivos correspondientes, alegando repetidamente que no estaba al tanto de la situación.

"¿Que el Gobierno nacional no sabía del asunto? Puro cuento, el mismo presidente Petro se reunió con Otty Patiño y Álvaro Jiménez (operador de la inteligencia militar) para recibir un informe de primera mano, pues ha sido Jiménez junto con el General Rincón y Vicealmirante Romero, integrantes de la Delegación de Diálogos del Gobierno, quienes adelantan el plan. En esa reunión le dijeron al presidente que 'tenían información de contactos avanzados'", contradijo 'García'.

En su decir, "la Inteligencia Militar le dio continuidad a las operaciones de inteligencia que venían de los gobiernos anteriores, le vendieron al Gobierno actual la idea que con dicha inteligencia acabarían con el ELN, por medio de golpes a la Comandancia que luego harían posibles procesos de desmovilización de estructuras".

Este plan habría sido asumido por Petro "en paralelo" con las negociaciones de paz, lo que habría sido "un grave error" de su parte, al considerar que en el contexto del "derecho de la guerra", lo sucedido "se llama perfidia", en tanto las "operaciones de inteligencia" están prohibidas desde que entró en vigor el cese al fuego bilateral y, pese a ello, el Estado las siguió "adelantando".

Los diálogos regionales

Desde el punto de vista de 'García', en el entramado jugaría un papel decisivo el interés de vincular al ELN con actividades como el narcotráfico, una especie de la que la organización insurgente ha renegado en reiteradas oportunidades.

La coincidencia, explica, es que Petro aseveró que "los comandantes del ELN no representaban ni conocían las regiones donde se movían las economías ilegales", tras el encuentro que sostuviera Patiño con un agente de inteligencia de nombre Álvaro Jiménez, lo cual obedecería al propósito de "justificar la matriz mediática" que persigue demostrar sus vínculos con el narcotráfico.

De esta manera, para él está claro que el Gobierno pretendía "montar un 'show'" con los así llamados "procesos regionales", al mentir al Comando Central del ELN sobre "sus verdaderas intenciones" y justificar así que, aunque ellos "cumplieron", "las cosas no se dieron como querían".

"A la larga van a proteger a Miguel A. y a sus 'compinches', pues son una misma parte en este diálogo de 'yo con yo'. Este será un diálogo entre confidentes, pues siempre ha estado a cargo del general [William] Rincón (de las fuerzas policiales de apoyo a la paz) y el vicealmirante [Orlando] Romero (de la Armada), integrantes de la delegación del Gobierno. Con lo que se viene presentando podemos colegir que la política de paz del Gobierno, es una trampa más en una estrategia de guerra", vaticina 'García'.

El texto concluye con una comparación entre la "locomotora minera" anunciado durante la gestión del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), con el que se pretendía el exterminio de las guerrillas y desplegar un plan "de explotación minera desarrollado por grandes empresas extranjeras", cuyos intereses seguirían estando presentes en "proyectos mineros en Nariño y Cauca" que van a contravía de la política antiextractivista defendida por Petro.

"Así que en política antiextractivista, línea insigne de este Gobierno, podríamos decir lo contrario, que se trata de una trampa de la paz", concluye el texto.