Violencia en Rosario abre espinoso debate en Argentina

La escalada de violencia que padece la ciudad argentina de Rosario, ubicada en la provincia de Santa Fe, provocó un intenso debate sobre la participación que deben tener, o no, las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, lo que actualmente está prohibido por ley.

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El presidente Javier Milei confirmó este martes que está elaborando un proyecto de ley para modificar las facultades de los militares con respecto a tareas internas de seguridad, aunque no ofreció mayores precisiones.

"Estamos evaluando una nueva ley que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar acciones adicionales, la vamos a mandar al Congreso, lo estuvimos discutiendo hoy en la reunión de Gabinete", señaló en una entrevista televisiva.

Los sectores más radicales promueven una reforma legal que permita que la lucha contra el narcotráfico se militarice.

En el otro extremo están quienes advierten que el ingreso de soldados o marinos a la lucha antinarco está destinado al fracaso, como ya ocurrió en los países donde se intentó esta estrategia y en los que el resultado fue que los efectivos se corrompieron. Esa dinámica solo acrecentó la violencia.

El debate estalló luego de que la semana pasada las bandas ejecutaran a cuatro ciudadanos al azar en Rosario, lo que paralizó a una ciudad atemorizada y obligó al presidente Javier Milei a respaldar al gobernador de la provincia de Santa Fe.

Límites

De esta forma, el Gobierno nacional y el provincial crearon un comité de crisis que, a partir de esta semana, incluirá el envío de elementos de las fuerzas de Seguridad nacionales.

En el caso de la participación militar, la Ley de Seguridad Interior solo permite que aporten equipamiento, pero no efectivos. Por ello, ya comenzaron a ser trasladados a Rosario vehículos militares que reforzarán la logística en los operativos.

Un factor de peso en esta discusión es el papel que desempeñaron los Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (1976-1983), ya que cometieron miles de crímenes de lesa humanidad que todavía hoy son juzgados.

Agustín Laje, un político ultraderechista aliado al presidente Javier Milei, sugirió una amnistía para los militares condenados, ya que consideró que el Ejército no querrá sumarse al combate contra el narcotráfico ante el temor de que en el futuro sus acciones sean juzgadas penalmente, como ya ocurrió.