Pedro Castillo se declara víctima de un golpe de Estado

El expresidente peruano Pedro Castillo se declaró víctima de un golpe de Estado “lento” y de la vulneración de sus derechos humanos, en una carta al secretario general de las Naciones Unidas difundida este lunes.

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La misiva dirigida al secretario general António Guterres y otros destinatarios como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, señala que desde el inicio de su gobierno fue objeto de “una campaña de demolición mediática y política” y de la gestación de un golpe de Estado lento y multidimensional ejecutad, afirma, con su destitución, el 7 de diciembre de 2022.

Señal que ese día, “acorralado por las fuerzas golpistas en el Parlamento y al notar movimientos extraños de tropas y contingentes policiales, decidí emitir un mensaje por televisión, mediante el cual, recogiendo el clamor popular, hago un anuncio simbólicode ‘cierre temporal del Congreso’”.

Recuerda que al mismo tiempo convocó a la elección de un nuevo Legislativo y el inicio de un gobierno de excepción con la reorganización del Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, a los que señala como involucrados en el alegado golpe.

Sostiene que el mensaje fue solo un acto político declarativo y no un acto formal de Gobierno “pues no se elaboró ninguna acta ni tampoco se emitió ningún decreto” pues la alocución no fue refrendada por el Consejo de Ministros, requisito constitucional.

La misiva expone además la vulneración de sus prerrogativas por el uso de su mensaje para su detención y destitución incumpliendo el procedimiento constitucional de vacancia presidencial, aunque el Legislativo argumenta que esa formalidad fue obviada porque Castillo incurrió en delito flagrante con su mensaje.

El exgobernante afirma además que en la prisión se le mantiene incomunicado, sin poder hablar con su familia exiliada en México y es objeto de obstaculización a sus visitas y hasta al bloque de la luz solar con toldos.

Tras otras denuncias, afirma que Perú vive una lowfare (uso político de la justicia), en la que el Congreso monitorea al Poder Judicial y a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides (suspendida e investigada).