El Tribunal de La Haya ordena a Israel que evite un genocidio pero no pide un alto el fuego

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Países Bajos) ha ordenado a Israel que tome "todas las medidas" necesarias para "prevenir" que se cometa cualquier acto que suponga un genocidio en la franja de Gaza. Sin embargo, ninguna de las medidas cautelares que establece el Tribunal de la Haya obliga al Gobierno israelí a poner fin a las hostilidades en Gaza. Esta era la principal medida de emergencia que había exigido Sudáfrica cuando llevó el caso al tribunal, en el que acusaba a Israel de mantener un “patrón de conducta genocida” contra el pueblo palestino. La operación militar de Israel en la franja de Gaza ha arrasado gran parte de su territorio, ha matado a más de 26.000 palestinos y ha desplazado al 90% de su población, según las autoridades sanitarias gazatíes.

El máximo tribunal de la ONU ha tomado la decisión de dictaminar medidas cautelares después de rechazar la petición de Israel de desestimar el caso. Y si bien todavía no se ha pronunciado sobre si Israel ha cometido genocidio en la franja, sí ha reconocido que “al menos algunos actos perpetrados [por la parte israelí] parecen poder caer en el marco de la convención de genocidio", según ha manifestado la jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, en referencia al documento de las Naciones Unidas que describe este delito.

Asimismo, la magistrada ha reconocido el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos de actos de genocidio: "El tribunal considera que la población civil sigue siendo extremadamente vulnerable". Y "que la catastrófica situación humanitaria en la franja corre un grave riesgo de deteriorarse aún más antes de que el tribunal dicte su sentencia definitiva”, ha argumentado.

Las otras medidas urgentes que debe aplicar Israel, según decretó el tribunal, son perseguir los discursos que inciten el genocidio contra el pueblo palestino. También el de permitir con efecto inmediato la entrada de servicios médicos y asistencia humanitaria en el territorio palestino, que se encuentra bajo un férreo bloqueo israelí desde el 7 de octubre. Finalmente, informar en el plazo de un mes al tribunal sobre la aplicación de todas estas medidas, informes sobre los que Sudáfrica podrá hacer alegaciones.

La decisión del tribunal de La Haya es un paso inicial en un caso más amplio que debe abordar la cuestión de si Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en el enclave mediante su ofensiva aérea y terrestre en Gaza, como denunció Sudáfrica ante el tribunal en el pliego de acusaciones presentado el 11 de enero. Ese día, la acusación urgió a ordenar el fin de la guerra en la franja. El Gobierno de Sudáfrica ha considerado este viernes que un cese de las hostilidades en la franja de Gaza es “imprescindible” para que el Estado israelí cumpla las órdenes del tribunal. “¿Cómo transportas ayuda humanitaria y garantizas que las personas heridas reciban cuidados sanitarios sin un alto el fuego?”, se ha preguntado la ministra de Relaciones Internacionales de Sudáfrica, Naledi Pandor.

En su defensa ante La Haya, Israel había pedido hace dos semanas que rechazara el caso de plano, por estar actuando en "defensa propia". También afirmó que si alguien había perpetrado un genocidio, este habría sido el grupo islamista Hamas contra el pueblo israelí en la matanza del 7 de octubre, donde murieron 1.200 personas y secuestraron a unas 240 más, según Israel.

Los argumentos de entonces han sido repetidos hoy por su primer ministro, Beniamín Netanyahu, tras escuchar el fallo. "La acusación de genocidio formulada contra Israel no sólo es falsa, sino también escandalosa", ha espetado, a la vez que ha advertido que continuará la guerra “hasta la victoria total”. Su ministro israelí de Seguridad Nacional, el extremista antiárabe Itamar Ben Gvir, ha ido todavía más lejos al sugerir que el fallo tiene el valor de "un trozo de papel higiénico". “La ley internacional no significa nada para nosotros", escribió Ben Gvir en la red social X, antes Twitter.

“Algunos actos perpetrados [por Israel] parecen poder caer en el marco de la convención de genocidio” Corte Internacional de Justicia

Desde Gaza, Hamas recibió con agrado la decisión de la corte: “Es un avance importante que contribuye a aislar a la ocupación [israelí] y a exponer sus crímenes en Gaza. Pedimos que se obligue a la ocupación a implementar las decisiones de la corte", indicó un comunicado de Sami Abu Zuhri, un portavoz del grupo islamista. Desde la Cisjordania ocupada, la Autoridad Nacional Palestina también vio con buenos ojos que “se fallara a favor de la humanidad”, aunque instó a “todos los estados para que garanticen” su implementación; ya que “se trata de una obligación jurídica vinculante", agregó su ministro de Exteriores, Riyad al Maliki.

Si bien el fallo de la CIJ es vinculante para Israel, el alto tribunal no tiene mecanismos propios para hacerlo cumplir. De ahí que ahora dependa de la presión que ejerzan los aliados de Israel para que obedezca, sobre todo, Estados Unidos, que tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se podrían adoptar medidas para forzar su cumplimiento. "Los gobiernos tienen que utilizar su influencia para asegurar que se aplica la orden [del tribunal]", ha coincidido Human Rights Watch.

Más allá de las medidas cautelares conocidas hoy, el caso aborda la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en las Naciones Unidas en 1948 y en vigor en 152 países, incluido Israel. "Genocidio significa cualquiera de los actos cometidos con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso", esgrima la convención. El delito no prescribe y, sin embargo, el tribunal puede tardar años en investigar el caso en su totalidad.