Milei envía al Congreso argentino una 'ley ómnibus'

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió este miércoles al Congreso Nacional un paquete de reformas reunidas en una 'ley ómnibus', que establece cambios en materia económica, tributaria, electoral, laboral, penal y energética.

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El proyecto cuenta con más de 180 páginas y 664 artículos con modificaciones de cientos de normativas vigentes, que deberán ser tratadas por el Parlamento.

El Gobierno llamó a la iniciativa Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, con el espíritu de "restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853", comunicaron oficialmente.

"Manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado", dice una publicación de la oficina del presidente Javier Milei en la red social X.

En otro posteo, que incluye un video del momento en que el proyecto es trasladado desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, al Congreso, el Gobierno afirmó: "Es decisión del presidente Javier Milei liberar de las trabas del Estado opresor a las fuerzas productivas de nuestra nación con el objetivo de comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial".

Cambios propuestos

La 'ley ómnibus' propone entre otros puntos cambios en el sistema electoral, como introducir la boleta única de papel en las votaciones nacionales, y la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También, introduce modificaciones a la ley de movilidad de las jubilaciones, al establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica", detalló La Nación.

Asimismo, el proyecto incluye un anexo para la privatización de las empresas del Estado; una nueva ley para el 'blanqueo' de capitales no declarados, y transformaciones en el Código Penal vigente. En cuanto a este último punto, y en coincidencia con el nuevo protocolo 'antipiquetes', se destaca el agravamiento de penas a los manifestantes que bloqueen las calles. Y la exigencia de un pedido de autorización de los convocantes a una protesta, que puede ser rechazado por las autoridades.