Petro rechaza apertura de centro penal para menores

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó nuevamente la puesta en marcha de un centro de detención para menores que inauguró la Alcaldía de Bogotá, en julio de 2022, y que aún no entra en funcionamiento.

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"En mi opinión los niños no deberían estar presos", le respondió el mandatario a un usuario de la plataforma X que lo invitó a que conociera y comparara los centros de atención para adolescentes privados de la libertad que se encuentran en Cali (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó) o Ibagué (Tolima) y "con el nuevo que les está regalando Bogotá".

En otra interacción, el internauta afirmó que "sería importante" que el presidente supiera que "esos centros están llenos de adultos, muchos de los cuales ya estuvieron en prisiones de mayores".

"Eso es algo que usted podría cambiar", agregó.

Este intercambio en las redes aviva la controversia que ya había tenido el jefe de Estado con la alcaldesa mayor capitalina, Claudia López, que estuvo al frente de la construcción e inauguración, en julio de 2022, del Centro Penal de Justicia Restaurativa para Jóvenes, que forma parte del Complejo de Justicia Integral de Campo Verde, en la capital colombiana.

Tras una reunión que tuvo López con el mandatario en septiembre pasado, la autoridad bogotana refirió que el Gobierno no había autorizado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a operar el centro penal ubicado en la localidad de Bosa.

En sus plataformas sociales, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que el debate debía centrarse en que "todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos".

Al respecto, López refirió que el ICBF le notificó que no estaría a cargo del recinto porque "su política no es que los jóvenes sean privados de la libertad, sino que haya procesos de reconciliación", publicó Radio Nacional.

"De nuevo, otro amable desencuentro. No comparto esa decisión, pero la asumo", dijo en esa ocasión la alcaldesa.

A la espera

Esa construcción estaba diseñada para albergar a más de 200 menores de edad que hubieran cometido infracciones y sobre los que los jueces hubieran impuesto medida privativa de libertad.

Para la alcaldesa, ese lugar pretendía darles "segundas oportunidades" a los menores. Sin embargo, sin el respaldo del ICBF, a pesar de que el establecimiento hubiera sido terminado en su gestión, no podría ponerse en funcionamiento, según Semana.

Por su parte, el Ejecutivo sostiene que prefiere que haya procesos de reconciliación y otro tipo de procedimientos alternativos.