Panamá y otra jornada contra la ley minera

La aprobación de una ley que autoriza a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals a explotar cobre en una zona boscosa de la provincia de Colón, a unos 120 kilómetros de Ciudad de Panamá, ha derivado en intensas protestas ciudadanas en las que se demanda al Gobierno del presidente Laurentino Cortizo su derogación inmediata.

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Este miércoles, cuando transcurría la décima jornada de manifestaciones, la Policía Nacional informó que al menos 878 personas –761 adultos y 117 menores– han sido arrestadas por su presunta responsabilidad en delitos de vandalismo y daños a la propiedad desde que iniciaron las reclamaciones.

Del mismo modo, el organismo reportó que en las refriegas han resultado lesionados 39 funcionarios, 22 por objetos contundentes, ocho por armas de fuego y nueve más por agresiones físicas, al tiempo que se computan destrozos en 62 comercios, 48 entidades gubernamentales y 57 vehículos, 46 de los cuales pertenecen a particulares.

Las acciones han incluido el bloqueo de numerosas vías del país, con particular afectación en la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica. De acuerdo con cifras reportadas por la estatal TVN, los agricultores habrían perdido hasta 60 millones de dólares por el cierre de calles, avenidas y carreteras.

Denuncias de represión y abuso de autoridad

El pasado lunes, medios locales comunicaron choques entre las fuerzas del orden y los manifestantes en la Avenida 5 de mayo, frente a la sede de la Asamblea Nacional. En el sitio se escucharon detonaciones y la Policía disparó gases lacrimógenos, lo que obligó a huir en estampida a quienes participaban pacíficamente la actividad.

La prensa panameña reportó enfrentamientos en otros puntos de la capital durante la noche del martes, mientras que el fin de semana, las protestas se saldaron con heridos y represión policial, calificada por los asistentes como "brutal".

Aunque no se ha divulgado un parte oficial de civiles lesionados, durante las jornadas se ha insistido en que las autoridades han respondido exageradamente a las expresiones ciudadanas y han criminalizado el derecho a la protesta pacífica.

Entretanto, este miércoles, la Asociación de Profesores de Panamá denunció la detención de su presidente, Diógenes Sánchez, en el marco de un procedimiento donde se habría producido "abuso de autoridad" por parte de la Policía.

Los reclamos

Las protestas antiminería fueron convocadas inicialmente por sindicatos y organizaciones ambientalistas, aunque rápidamente lograron sumar a importantes masas de estudiantes, indígenas, trabajadores y ciudadanos comunes.

Estas personas ven en la minería a cielo abierto una amenaza para la biodiversidad del país y consideran que la Ley 406 del contrato no supera las fallas que motivaron a la Corte Suprema de Justicia en 2017 a declarar inconstitucional una iniciativa previa.

Sobre esta base, el abogado Juan Ramón Sevillano Villegas interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el primero de los artículos de la ley, que fue admitida por el máximo tribunal panameño el pasado 26 de octubre, aunque sin la posibilidad de sentencia expedita, debido a los lapsos administrativos contemplados en la legislación local.

Explotación de cobre y otros minerales

El instrumento jurídico habilita a Minera Panamá, una sucursal de la canadiense First Quantum, a explotar cobre y otros minerales por 20 años –prorrogables– en un extenso territorio boscoso del norte de la nación centroamericana, lo que a juicio de sus detractores supone prácticas lesivas para la naturaleza.

De acuerdo con Bloomberg, en 2017 la Corte rechazó el contrato porque no cumplía con las normas de contratación del país. Como respuesta, la Administración gubernamental lo renegoció, aumentando las regalías del 2 % al 16 % y añadiendo "cláusulas ambientales y laborales que no contemplaba previamente".