El gobierno de Perú declara el estado de emergencia en Lima

El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la capital Lima debido a las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que en las últimas semanas se han cobrado al menos 42 vidas.

La medida, que entró en vigor este domingo, estará vigente por 30 días y autoriza al Ejército a intervenir para mantener el orden.

En el decreto emitido en la noche del sábado también se declara el estado de emergencia en las regiones de Cusco y Puno, así como en el puerto del Callao, contiguo a la capital.

También hay restricciones en las provincias de Andahuaylas, Tampopara y Tahuamanu, Mariscal Nieto y el en distrito de Torata así como en cinco carreteras nacionales.

Además, se decretó la "inmovilización social obligatoria" en la región de Puno durante 10 días, lo que implica que los habitantes de esa zona deberán estar confinados en sus domicilios entre las 8 de la tarde y las 4 de la madrugada.

Protestas continuadas

Los partidarios del derrocado presidente Pedro Castillo han marchado y levantado barricadas en buena parte del país sudamericano desde diciembre, tras su destitución ante su intento de disolver el Congreso para gobernar por decreto.

Los manifestantes exigen nuevas elecciones generales en este año y la destitución de Boluarte.

Por su parte, la presidenta dio un discurso televisado el viernes en la noche en el que se negó a renunciar: "Mi compromiso es con Perú".

En esta ola de protestas en Perú al menos 42 personas han perdido la vida, de las cuales, 17 murieron en choques ocurridos en la región de Puno hace una semana, en lo que fue la jornada más violenta que se haya registrado hasta ahora.

Este sábado, los bloqueos a modo de protestas en las carreteras de todo el Perú continuaron, especialmente en el sur, epicentro de los disturbios, y alrededor de Lima, reporta AFP.

El aeropuerto de Cusco, puerta de entrada al famoso sitio de Machu Picchu, reabrió el sábado después de ser cerrado por un estallido de protestas. Las autoridades habían suspendido las operaciones el jueves como medida preventiva. En diciembre estuvo parado por cinco días.

Inestabilidad política

El pasado 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso y de instaurar un gobierno de excepción que, según dijo, gobernaría por decreto.

Su decisión fue rechazada por numerosas instituciones del país e, incluso, provocó varias renuncias en su gabinete de gobierno ese mismo día.

El exmandatario se encuentra detenido preventivamente durante un periodo de 18 meses mientras es sometido a un proceso judicial por el presunto delito de rebelión.

Pocas horas después, Castillo fue destituido por el Congreso a través de una moción de vacancia presidencial por "incapacidad moral" y fue detenido y puesto a las órdenes de la justicia.