Tramitan nueva demanda contra Pedro Castillo

La organización Integridad por el Perú promovió este miércoles una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, al considerar que pretende cerrar el Congreso.

"Es indudable que la conducta del Ejecutivo está orientada a propiciar, a como dé lugar, el rechazo de cuestiones de confianza –aun cuando éstas sean ilegales– con el único propósito de disolver el Congreso", asegura la denuncia, que también incluye al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

El reclamo se originó en una "cuestión de confianza", un trámite que Torres planteó la semana pasada para derogar una ley que, según los demandantes, facilitaría la disolución del Parlamento, que es de mayoría opositora al presidente.

"Creemos que el Tribunal Constitucional puede contribuir decisivamente al esclarecimiento de este conflicto entre los dos poderes del Estado, y dejar sin efecto la amenaza bajo la que se encuentra nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestra gobernabilidad", señaló la organización.

"Los efectos que puede tener una cuestión de confianza para la estabilidad democrática e institucional del país son sumamente delicados", insistió en el documento enviado a los congresistas, quienes deberán analizar si contiene argumentos suficientes para enviarlo al Tribunal Constitucional, órgano que tiene la última palabra para decidir si Castillo puede ser sometido a una nueva acusación de este calibre.

En sus 16 meses de Gobierno, Castillo ya acumula seis denuncias de ese tipo, lo que es un récord sin precedentes en la historia de Perú.

Persecución

El mandatario asegura que todas las acusaciones forman parte de una persecución que tiene como único fin destituirlo del cargo.

Apenas el martes, el Tribunal Constitucional anuló un proceso que había sido abierto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en contra el mandatario Castillo, por supuesta traición a la patria.

El fallo, citado por medios locales, indica que la declaratoria de nulidad se da porque el acuerdo contra el jefe de Estado vulnera "el derecho a la debida motivación en sede parlamentaria".