Chile inicia un nuevo proceso constituyente

Chile inicia desde este miércoles un nuevo proceso constituyente después de que el domingo pasado el 62 % de la población rechazara en un plebiscito la propuesta presentada por una Convención que ya fue disuelta.

El siguiente capítulo en busca de una Constitución que sustituya a la que rige actualmente, y que es herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, comenzará a escribirse en el Congreso, con un diálogo institucional en el que participarán los jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado, más los dirigentes de los partidos políticos.

Por parte del Gobierno, la representante será Ana Lya Uriarte, quien el martes fue designada como secretaria general de la Presidencia en lugar de Giorgio Jackson, un funcionario al que se le achacó la responsabilidad política de la derrota del 'apruebo', que a la vez representó para el presidente de Chile un descalabro de tal envergadura que lo obligó a cambiar a su gabinete apenas seis meses después de haber asumido.

El desafío de los partidos, los legisladores y los funcionarios es diseñar una hoja de ruta que desemboque en otro borrador constitucional que alcance el consenso en la sociedad que no tuvo la propuesta de los convencionales.

Hasta ahora, las mayores resistencias provienen del conservador Partido Republicano y de su líder, el excandidato presidencial José Antonio Kast, ya que un sector de la derecha y ultraderecha pretende imponer la interpretación de que la ciudadanía ya no quiera una nueva Constitución.

Sin embargo, el resto de las fuerzas políticas coincide en que el mandato del plebiscito que se realizó el 25 octubre de 2020 sigue vigente. Ese día, un contundente 78 % se pronunció por una nueva Constitución. El dilema es ahora definir cuándo y cómo.

Itinerario

La noche del domingo, en cuanto se confirmaron los resultados del plebiscito, el mandatario chileno convocó a todos los partidos a diseñar un nuevo proceso constituyente. Al día siguiente, recibió en el Palacio de la Moneda, la sede presidencial, a los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados.

El martes hubo otra reunión a la que se sumaron los dirigentes partidarios y en la que decidieron que reiniciarían formalmente el proceso y ratificaron que el Congreso asumirá la centralidad de un debate al que también serán convocadas organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta es comenzar una negociación que le brinde certezas a la ciudadanía en el corto plazo, aunque por ahora nadie se anima a estimar cuándo podría estar listo el nuevo proyecto.