Retiran apoyo a proyecto de adelanto electoral en Perú

La congresista peruana Margot Palacios retiró su firma de un proyecto de reforma que plantea recortar a solo dos años el mandato del presidente Pedro Castillo y del Parlamento opositor.

Palacios, del cogobernante Partido Perú Libre (PPL), dijo a Prensa Latina que también han retirado sus rúbricas casi todos los ocho firmantes del proyecto, que encontró importante repercusión en la prensa. “Quedan uno o dos”, expresó.

El proyecto, promovido por el legislador Pasión Dávila, del PPL, quien declaró que lo motivaron los constantes ataques al presidente Castillo, fue presentado después que la semana pasada el parlamentario de extrema derecha Alejandro Cavero anunció una propuesta similar de acortamiento del mandato de Castillo.

El texto de Dávila plantea una disposición transitoria añadida a la Constitución, que reduzca a dos años el mandato quinquenal del actual presidente y de la vicepresidenta, Dina Boluarte, quienes dejarían el cargo a un nuevo mandatario electo en julio de 2023.

Invoca lo que llama crisis institucional y alega que esta indica que “la representación nacional no está enmarcando sus funciones a favor de los intereses y de las grandes demandas de la población”.

También menciona los altos niveles de desaprobación en las encuestas de los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y sondeos, en los cuales más de 80 por ciento de los consultados señala que, si Castillo deja el cargo, también debe elegirse nuevos congresistas.

Se refiere también a los dos fracasados intentos parlamentarios de vacar (destituir) al mandatario, las constantes interpelaciones a ministros y los reclamos y presiones para que renuncie, lo cual indica que el Congreso de la República “se ha colocado por encima” del Ejecutivo.

La conservadora presidenta del órgano unicameral, Maricarmen Alva, se abstuvo de comentar el proyecto, y dijo que también hay otros similares.

Entre esos proyectos de recorte del mandato presidencial, está el de la congresista Digna Calle, según el cual Castillo tendría que renunciar en un plazo de 48 horas si la reforma constitucional fuera aprobada.