Paro en Perú por constituyente y contra Parlamento

Un paro nacional agrario, con bloqueos de carreteras, marchas y concentraciones en diversas ciudades y regiones, se realizó este jueves en Perú en demanda de una asamblea constituyente y de la disolución del Congreso opositor.

La protesta se enfocó además en reclamar que se haga efectiva la llamada segunda reforma agraria, de apoyo a los agricultores, medidas contra las alzas de precios y fin de los monopolios.

Los labriegos pidieron también solución al problema de la carestía de fertilizantes que el Gobierno proyecta comprar a precios reducidos a Bolivia y Venezuela.

Las capitales regionales Ayacucho, Puno, Huaraz, Huancayo, Cajamarca, Puerto Maldonado y la capital, Lima, fueron escenario de marchas y concentraciones de miles de campesinos llegados de valles cercanos enarbolando la bandera de la nueva constitución en reemplazo de la neoliberal vigente, a lo que se opone el Parlamento.

Varias carreteras fueron bloqueadas por los campesinos, como en el caso de la norandina en el interior de las regiones de Ayacucho, Puno, Junín, Cajamarca y Madre de Dios.

En el caso de la región surandina de Cusco, que esta semana cumplió un paro general de 48 horas, no hubo movilizaciones campesinas debido a que los dirigentes agrarios, que apoyan el paro nacional, dedicaron la jornada a participar en un diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Cusco, Germán Santoyo, dijo que el país necesita una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta magna en reemplazo a la neoliberal dictada en 1993 bajo el gobierno de mano dura de Alberto Fujimori.

Señaló que la nueva carta magna debe prohibir tajantemente los monopolios y los oligopolios que, al amparo de la libertad de precios, especulan con alzas excesivas de precios de productos esenciales, así como recuperar el control de las riquezas nacionales explotadas por empresas extranjeras en términos onerosos para el país.

Sobre el Congreso, afirmó que debe disolverse porque sirve a intereses particulares y grandes empresas.

A modo de ejemplo, señaló que el Legislativo tiene en proceso una ley para prorrogar por otros 10 años concesiones petroleras otorgadas a empresas foráneas en términos onerosos para el país.