Duque defiende operativo que dejó 11 muertos

El presidente colombiano, Iván Duque, insistió en defender el operativo que desplegó el Ejército en el departamento de Putumayo y que dejó 11 muertos, presentados como presuntos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, diversas organizaciones afirman que eran civiles.

"Es una operación que tenía planificación, tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas y miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos, hay miembros heridos de la fuerza pública", dijo Duque desde Nueva York, ciudad a la que viajó para su última participación como mandatario ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En sus declaraciones sobre esta operación militar, Duque sostuvo que la fuerza pública había obrado "conforme a todos sus protocolos" y respetando "las normas del DIH (derecho internacional humanitario)".

Asimismo, puntualizó que la Fiscalía General de la Nación, que procedió con la investigación inmediatamente después de los hechos, "conocía de antemano la presencia de esas células terroristas y narcotraficantes en esa zona".

"La información que valida el trabajo operacional es una información que el país la está conociendo [...] Esperamos que el dictamen propio de la Fiscalía, con los tiempos que deben surtirse al interior del ente investigador, también se conozcan", expresó.

Víctimas

Este hecho, que ocurrió en la vereda Remanso del municipio de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo, ha causado polémica en el país suramericano debido a que organizaciones sociales e indígenas aseguran que las víctimas fatales eran civiles, mientras que las autoridades sostienen que los asesinados formaban parte del grupo armado residual 'Frente 48', que delinque en la zona.

A principios de abril, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia identificó a los fallecidos y precisó que eran 10 adultos y un menor de edad, y entre ellos, una mujer.

La Procuraduría General de la Nación pidió un informe de lo ocurrido, tras recibir información de que "las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos".

Entre las víctimas fatales se encontraba el gobernador del Pueblo Kitcwhwa, Pablo Panduro Coquinche, autoridad de esa comunidad originaria.