El caso de una menor de 17 años que se quitó la vida tras denunciar abusos sexuales de la policía conmociona a Colombia

Un video donde se observa a varios policías arrastrar por la fuerza a una joven estremece estos días a Colombia debido a que, horas más tarde, la menor de edad se quitó la vida tras denunciar en las redes que había sido abusada sexualmente por los uniformados. 

El hecho ocurrió en la ciudad de Popayán, en la capital del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde colectivos de defensa de los derechos humanos han criticado el "uso excesivo de la fuerza" del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la contención de los manifestantes.

Distintas organizaciones, entre ellas el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), publicaron un comunicado donde afirman que la noche del 12 de mayo la adolescente, de 17 años, fue llevada a una Unidad de Acción Inmediata (URI) de la Fiscalía y "después de sufrir violencia sexual decidió terminar con su vida".

Este viernes, la Fiscalía de Colombia informó en un video institucional que iniciará la investigación y que para ello se conformó un equipo especial con dos fiscales.

¿Qué ocurre en el video?

El registro audiovisual, que se ha viralizado en las redes, fue grabado en horas de la noche, por lo que las imágenes no son nítidas. Sin embargo, se aprecia cómo un grupo de policías lleva a rastras a una persona contra su voluntad, mientras que alguien que le pide su nombre "para derechos humanos", graba.

Entre los gritos, se escucha: "Cuatro con una mujer, idiota" . El resto del audio es inteligible.

En la cuenta de Facebook que se atribuye a la adolescente, cuya captura ha circulado en las plataformas digitales, relata que se dirigía a casa de un amigo cuando fue interceptada por los agentes del Esmad.

"Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron ", escribió en el post.

En su publicación, continúa: "Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudos".

Según afirma, aunque apoyaba el paro esa noche, "no estaba con los de la marcha". 

Se abre una investigación 

La vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera, anunció que para investigar la presunta agresión sexual a una menor de edad dentro de las instalaciones de la Unidad de Acción Inmediata se conformó un "equipo especial con dos fiscales", una de ellos es experta en temas de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes.

Del mismo modo, aseguró que la acción de un equipo forense de Medicina Legal " permitió establecer las circunstancias en las que murió la menor " y que se hará una "autopsia psicológica", "para analizar el contexto en el que ocurrió esos hechos".

Entre las labores del Ministerio Público, según informado, están "actividades técnicas-científicas y forenses", recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas con el propósito de determinar si hubo agresión sexual y cuál es la causa de la muerte.

Reacción de la Policía 

En otro video, el comandante de la Región 4 de la Policía de Popayán, Ricardo Augusto Alarcón Campos, desmintió las denuncias en contra del cuerpo que dirige y calificó la información como "falsa, vil y ruin" .

Según su exposición, "la menor nunca pisó instalaciones policiales y, una vez que se conocen los hechos y se realiza el procedimiento, es traslada a las instalaciones de la URI y de la Fiscalía".

Alarcón Campos sostiene que al percatarse de que se trataba de una menor de edad, "se activa el protocolo de protección a la integridad", se contacta a sus familiares y "es entregada en óptimas condiciones a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche ".

La Alcaldía de Popayán publicó un comunicado similar, donde además pide hacer las investigaciones "con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía Metropolitana".

En el texto se agrega que la adolescente estuvo acompañada por funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía y que antes de las 11:00 de la noche "fue entregada a su abuela, de acuerdo a la minuta de ingreso y salida de la URI".

Divergencias 

Si bien las investigaciones ya se encuentran en curso y tanto la Policía como la Alcaldía dieron su versión, en un documento de la Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Coordinación Departamental de Paro en el Cauca se señala a Alarcón Campos de faltar a la verdad y tergiversar la información.

En el escrito se afirma que hubo una "violenta detención ilegal" con un "flagrante abuso de autoridad" y "agresiones físicas contra la menor", y que a las 9:15 de la noche del 12 de mayo dos paramédicos ingresaron a la URI y atendieron a la joven. Al sitio también se trasladó un defensor de los derechos humanos al que la adolescente le manifestó que "había sido golpeada" y que "tenía laceraciones en las manos".

En el texto se asegura que no quedó constancia de lo ocurrido en un acta, sino que la información se envió a través de un grupo privado de WhatsApp.

Según la Comisión, la abuela habría manifestado que, efectivamente, recogió a su nieta después de su detención. Al día siguiente, la joven presentaba "moretones en el cuerpo" y al preguntarle que si había sido golpeada, lo confirmó, dijo que le dolía el estómago y que "la habían manoseado".

Un allegado de la familia, recoge la publicación, dijo que a las 10:30 de la mañana del día siguiente de la agresión, la adolescente se habría quitado la vida aspirando gas propano y cubriendo su cabeza con una bolsa plástica. Su madre habría llegado media hora después y, al encontrarla inconsciente, la trasladó al hospital, donde habría llegado sin signos vitales.

Además de las denuncias del "uso excesivo de la fuerza" y los homicidios atribuidos a los cuerpos de seguridad del Estado, la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos Temblores lleva un registro de las agresiones sexuales cometidas por agentes en el contexto de las protestas del 28 de abril al 12 de mayo.

En la data que maneja, que corresponde a denuncias que han recibido y corroborado, hay 362 víctimas de violencia física, 1.055 detenciones arbitrarias, 16 víctimas de violencia sexual y tres víctimas de violencia basada en género.