Encuesta Ipsos: Martín Vizcarra recibe apoyo social

El presidente peruano, Martín Vizcarra, recibió ayer el apoyo social para seguir en funciones, según una encuesta en la que, sin embargo, muy pocos creen que el proceso para su destitución se debe solo a un complot.

El sondeo de la empresa Ipsos indicó que 79 por ciento creen que el mandatario debe mantenerse en el cargo y solo 19 por ciento respalda el debilitado proceso de su vacancia (destitución), basado en grabaciones furtivas de audio comprometedoras.

Sin embargo, solamente 28 por ciento cree que el presidente, acusado de mentir y ocultar su vinculación con una contratación irregular de un oscuro cantante como consultor del Ministerio de Cultura, no ha cometido ninguna falta.

El mismo porcentaje comparte la afirmación de Vizcarra, de que el proceso en curso en su contra es un complot desestabilizador de un sector de la oposición motivado por oscuras ambiciones.

Además, 41 por ciento opina que la conducta del gobernante en los audios 'es incorrecta pero no grave' y solo debe disculparse y ser investigado al final de su mandato, en julio de 2021.

Por el contrario, 28 por ciento señalan que los hechos son 'graves' y Vizcarra 'habría mentido', aunque también plantean que sea investigado al terminar su gestión.

La encuesta de Ipsos consigna además que el desempeño de Vizcarra como gobernante en general tiene una aprobación de 57 por ciento, con una merma de tres puntos respecto a agosto.

Por otra parte, el presidente del Congreso, Manuel Merino, principal impulsor de la vacancia y enfrascado en un áspero intercambio de acusaciones con Vizcarra, sufrió una caída de la aprobación ciudadana, de 35 a 19 por ciento.

Entretanto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos desmintió rotundamente afirmaciones de la exsecretaria de Vizcarra, Karem Roca, señalada como la persona que grabó una conversación comprometedora con el mandatario.

En un audio al parecer registrado por ella misma, Roca afirmó que Ávalos había acordado con el Gobierno emprender acciones contra parlamentarios opositores y que también coordinaba con el fiscal Anticorrupción, José Pérez, quien investiga a importantes figuras políticas.