Destapan en Colombia una trama de espionaje masivo del Ejército a periodistas, políticos y activistas

Ciertas unidades del Ejército colombiano espiaron durante meses a más de 130 personas —entre ellas periodistas nacionales y extranjeros, políticos, generales y defensores de derechos humanos— desviando para ello, supuestamente, parte de los recursos de la cooperación estadounidense, según revela una nueva investigación de Revista Semana.

Entre febrero y primeros de diciembre de 2019, cuando el cargo de comandante del Ejército lo ocupaba el general Nicacio Martínez, estas unidades se valieron de herramientas informáticas y de software para buscar y recolectar "masiva e indiscriminadamente toda la información posible de sus objetivos para elaborar informes de inteligencia militar". Estos perfiles incluían desde teléfonos, direcciones y correos de los blancos, hasta sus amigos, familiares y colegas, entre otra información personal, reza la publicación, titulada 'Las carpetas secretas', aparecida este viernes.

Según el medio, las actividades corrieron a cargo de algunos batallones de ciberinteligencia, pertenecientes a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), adscritos al Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y al Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).

Revista Semana ha tenido acceso a decenas de estos informes y ha entrevistado a más de diez fuentes, muchas de las cuales participaron en este supuesto espionaje masivo. Según una de ellas, algunas de las unidades implicadas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera y utilizaron parte de este dinero para obtener las herramientas con las que luego espiaron, entre otros, a ciudadanos de EE.UU.

Las víctimas
Una de las primeras víctimas del espionaje militar fue el periodista estadounidense Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, que reveló en mayo de 2019 una directriz del Ejército colombiano que exhortaba a duplicar el número de operaciones contra supuestos criminales y rebeldes sin medir las consecuencias sobre la población civil. Tras la publicación, que desató un escándalo en el país, los militares elaboraron un dosier de más de 15 páginas que incluía los datos y contactos personales y profesionales del periodista, así como sus posibles fuentes e incluso sus seguidores en las redes.

Entre los "perfilados" figuran también Juan Forero, reportero de The Wall Street Journal; John Otis, periodista de National Public Radio (NPR) e investigador de la ONG estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas; Lynsey Addario, fotoperiodista que tomó unas fotografías del ELN en el Chocó para National Geographic, o Stephen Ferry, otro fotoperiodista muy conocido en Colombia.

#CarpetasSecretas | #Semana revela las pruebas de cómo el Ejército ejecutó un programa masivo de seguimiento informático en el que la mayoría de sus blancos fueron periodistas. La lista tiene más de 130 nombres. https://t.co/bB3FezQE7P pic.twitter.com/pS3X6BT1Fl

— Revista Semana (@RevistaSemana) May 2, 2020
Supuestamente, los militares habrían espiado también a periodistas colombianos como María Alejandra Villamizar, analista de Noticias Caracol; Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno; Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo; Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio; y Daniel Coronell, presidente de noticias de Univisión, entre varios otros.

Entre los objetivos del espionaje también figuraban sindicalistas, militares activos y retirados, así como políticos, entre ellos los senadores colombianos Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, así como Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general de la Presidencia de Iván Duque. José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, también aparece entre los perfiles.

Investigación y rechazo
Nada más trascender estas revelaciones, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado en un comunicado que asume el proceso disciplinario "por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas, políticos, ONG y sindicalistas, que fueron denunciados por Revista Semana en su más reciente número". Esta nueva indagación se suma a la que ya se realiza por las supuestas interceptaciones ilegales realizadas por varias unidades de Inteligencia del Ejército destapadas en enero por la misma publicación.

Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este sábado en su cuenta de Twitter que "perfilar periodistas, políticos y funcionarios de Presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad". "He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley", expresó el mandatario.

Danielle Rhoades Ha, vicepresidenta de comunicaciones de The New York Times Company, se mostró profundamente preocupada por estas informaciones, según las cuales "el Ejército colombiano monitorea las actividades de periodistas, entre ellos el corresponsal de The New York Times". "Dichos actos constituyen un intento de intimidar a la prensa y a sus fuentes, y de restringir informes que el público tiene derecho a conocer", declaró a Revista Semana.

En la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa denunció que "estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa, son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país".

"Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia", advirtió en declaraciones al periódico el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy, vicepresidente del comité de apropiaciones del Senado de EE.UU. Leahy aseveró que el dinero de los contribuyentes estadounidenses "nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos norteamericanos". De resultar ciertas estas denuncias, "sería una grave violación a la confianza" de Washington, y "aquellos involucrados deben ser castigados", enfatizó el senador.
Tomado de RT