PSOE y Podemos subirán los impuestos a los ricos y van más allá de lo previsto en la reforma laboral

Medio centenar de páginas cargadas de novedades que marcarán la próxima legislatura. El PSOE y Unidas Podemos presentarán esta tarde Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, un documento al que ha tenido acceso este periódico con las líneas maestras pactadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Derogación parcial de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una reforma fiscal ambiciosa con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas, punto final a la llamada ley seguridad ciudadana (la denominada ley mordaza), fuerte subida del salario mínimo y, en fin, un claro acento social y feminista: el programa de la coalición PSOE-Unidas Podemos pondrá punto final a unos meses de parón.

Sánchez e Iglesias han afinado en las últimas semanas un texto que incluye una política económica continuista, marcada por la desaceleración que viene, con varias medidas de calado que se han hablado también con otros partidos para facilitar su tramitación.

El sello ortodoxo de la futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño, convive en ese programa con las ambiciones de Podemos en impuestos, vivienda y gasto social. La medida estrella es la derogación de la reforma laboral, que va algo más allá de lo previsto. Y la subida de impuestos a los ricos, que había perdido fuelle en los últimos meses.

El IRPF subirá dos puntos para las rentas de más de 130.000 euros, y cuatro puntos para las de más de 300.000 euros.

El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros: pagarán hasta el 27%, frente al 23% actual. Además, se fijará un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se sitúa en el 18% para los bancos y las empresas de energía.

Esas subidas son muy llamativas, con un gran impacto simbólico en un país que tiene uno de los índices de desigualdad más elevados de Europa. Pero lejos del "hachazo fiscal" que han denunciado partidos como Ciudadanos y el PP —que proponen rebajar "todos los impuestos" pese a que la presión fiscal española está muy por debajo de la media europea— afectan a menos del 1% de los contribuyentes y de las empresas.

El proyecto es un punto más ambicioso de lo que se preveía en el ámbito laboral. Y ofrece detalles suculentos de la nueva legislación, incluido el prometido Estatuto de los Trabajadores.

El texto promete recuperar “los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012", aprobada por Mariano Rajoy. Con carácter urgente se derogará el despido por absentismo causado por bajas de enfermedad: Sánchez ha pactado ese avance con los sindicatos.

Se eliminarán las limitaciones al ámbito temporal de los convenios colectivos, y se derogarán asimismo la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En resumen: una derogación que va algo más allá de lo que parecía en principio, y que incluye “limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa”, para tratar de combatir uno de los grandes males del mercado de trabajo español: la precariedad y la temporalidad.

Se limitará también “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”. Los asuntos relativos a la contratación son quizá los más ambiciosos en esa área.

El texto abre la puerta a una fuerte subida del salario mínimo, hasta el 60% del salario medio durante la legislatura: eso supondría subidas hasta alcanzar los 1.200 euros. En pensiones también hay novedades: se elimina el factor de sostenibilidad (la fórmula que vincula las pensiones a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (que condiciona las subidas de pensiones a la marcha de la economía) previstos en la ley de 2013 "asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo".

Podemos hace renuncias por ese flanco: el texto asume que la reforma debe hacerse en el Pacto de Toledo. El texto, además, propone crear un ingreso mínimo vital, una vieja aspiración de los partidos progresistas.

Bruselas ha insistido una y otra vez durante los últimos meses en que sería un error revertir las reformas aprobadas tras el rescate a España de 2012, en particular las de pensiones y mercado laboral. El nuevo Ejecutivo no da marcha atrás en la totalidad de esas reformas, pero sí les da un buen revolcón.

La política española acelera a toda velocidad después de meses de insoportable parálisis. El dictamen de la Abogacía del Estado, con guiños a Esquerra Republicana y al Supremo, desbloquea de forma inminente la investidura, que podría irse finalmente al 7 de enero.

El PSOE ha presentado este mediodía el acuerdo con el PNV, los pactos con los regionalistas están listos y la abstención de ERC solo está pendiente de la convocatoria del Consell Nacional, el órgano que debe dar el sí oficial a la abstención de los independentistas. Los apoyos para Pedro Sánchez están ahí.

Quedaba, quizá, lo más importante: el contenido del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, con las reformas previstas para la próxima legislatura.