En Colombia, se complica la erradicación de la coca

Con sus fusiles a la espalda y usando palas afiladas, un grupo de soldados arranca de la tierra arbustos de hoja de coca con la ayuda de campesinos, mientras un helicóptero militar los protege de posibles ataques en una zona montañosa del noroeste de Colombia.
La escena refleja los esfuerzos y riesgos de un plan del presidente Iván Duque para erradicar las 208.000 hectáreas de hoja de coca que Estados Unidos calcula había sembradas al cierre de 2018 en Colombia, el mayor productor mundial de la droga que se elabora con esa planta, la cocaína.

En lo que va de 2019, grupos armados ilegales han matado a balazos a nueve personas entre efectivos de las Fuerzas Armadas y civiles que participaban en labores de erradicación, mientras que casi 50 más resultaron heridas, la mayoría mutiladas por la explosión de minas, según el Ministerio de Defensa.

“Vengo a trabajar porque necesito subsistir, necesito el dinero y para la familia. Si por mí fuera no estuviera por acá porque este es un trabajo muy peligroso, uno siempre se arriesga para poder sostener la familia”, dijo Jorge Eliécer Ortiz, un campesino de 47 años que llegó desde el centro del país para unirse a tareas de erradicación en el departamento de Antioquia.

En el millonario negocio del narcotráfico colombiano, que produce 887 toneladas anuales de cocaína para exportar, están involucrados cárteles como el Clan del Golfo, pero también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016, y bandas criminales de ex paramilitares, según el gobierno.

Estos grupos siembran minas en medio de los cocales, ordenan ataques de francotiradores contra los erradicadores y promueven protestas de campesinos en busca de proteger la materia prima de la cocaína.

“Que uno no vaya a caer en una mina para poder llegar a abrazarlos”, dijo Ortiz aludiendo a su familia mientras arrancaba arbustos de hoja de coca en una empinada montaña.
Los erradicadores civiles, que usan uniforme azul y son protegidos por el ejército o la policía, ganan 530 dólares mensuales, el doble de un salario mínimo, y permanecen entre 75 y 95 días en remotas selvas y montañas de donde solo salen cuando terminan la misión.
Destruyen dos o tres hectáreas por día en medio del implacable calor, en terreno accidentado y bajo la amenaza permanente de ataques.

Desde el aire
Colombia se autoimpuso la meta de erradicar 80.000 hectáreas de cocales en 2019 y hasta finales de agosto llevaba casi un 66% del objetivo. Solo en el departamento de Antioquia, en donde está Tarazá, se han eliminado más de 8.000 hectáreas este año.

“Es una zona de interés criminal y es una zona que está en confrontación”, dijo el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército. “Tenemos que cortar esa renta ilícita para los grupos armados organizados”, aseguró refiriéndose al financiamiento de los cárteles y la guerrilla.

De acuerdo con cifras del actual gobierno, entre 2014 y 2017 el área cultivada con hoja de coca en Colombia se disparó en medio de la negociación de paz del expresidente Juan Manuel Santos con la desmovilizada guerrilla de las FARC para poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos.

En ese entonces el gobierno colombiano se comprometió a priorizar la sustitución voluntaria de los cocales sobre la erradicación forzada, por lo que cientos de campesinos sembraron coca con la esperanza de recibir subsidios, según fuentes de seguridad.
Hoy, además de los ataques y las protestas de los cultivadores, uno de los principales retos es la resiembra. Muchos campesinos de la zona, presionados por grupos armados o por iniciativa propia, vuelven a sembrar coca en aisladas zonas porque es un cultivo mucho más rentable que el café, el cacao o cualquier otro producto legal.