Nicaragua se compromete a liberar a “presos políticos”
El gobierno de Nicaragua se comprometió el sábado a liberar a los denominados “presos políticos”, encarcelados a raíz de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en momentos en que la oposición evalúa levantarse del diálogo que sostienen ambas partes con miras a superar la...
BLANCO-web
El gobierno de Nicaragua se comprometió el sábado a liberar a los denominados “presos políticos”, encarcelados a raíz de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en momentos en que la oposición evalúa levantarse del diálogo que sostienen ambas partes con miras a superar la crisis en el país.
A fines de febrero, con la liberación de un centenar de “presos políticos”, el gobierno de Ortega y la oposición retomaron un diálogo que busca poner fin a la crisis que ha dejado más de 320 muertos y ha golpeado duramente a la pequeña economía centroamericana.
A pesar de los acercamientos, las conversaciones se empantanaron esta semana y la oposición amenazó con levantarse de la mesa si es que no se cumplían sus exigencias básicas: liberar a los “presos políticos” e implementar reformas que permitan unas elecciones presidenciales “limpias” en 2021. A través de un comunicado, el gobierno de Ortega dijo que presentó cinco puntos para el proceso de diálogo.
“Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados”, dijo.
“Y los juzgados, se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”, agregó. El gobierno de Ortega niega que existan presos políticos en su país.
Además, se propuso implementar reformas electorales sugeridas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que “perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 millones de dólares, algunos de sus funcionarios -incluyendo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Analistas aseguran que Ortega, quien retomó el poder en 2007 tras gobernar entre 1985 y 1990, aceptó ir a las negociaciones antes de que la crisis económica se profundice.
El Gobierno también pidió “suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”.
A fines de febrero, con la liberación de un centenar de “presos políticos”, el gobierno de Ortega y la oposición retomaron un diálogo que busca poner fin a la crisis que ha dejado más de 320 muertos y ha golpeado duramente a la pequeña economía centroamericana.
A pesar de los acercamientos, las conversaciones se empantanaron esta semana y la oposición amenazó con levantarse de la mesa si es que no se cumplían sus exigencias básicas: liberar a los “presos políticos” e implementar reformas que permitan unas elecciones presidenciales “limpias” en 2021. A través de un comunicado, el gobierno de Ortega dijo que presentó cinco puntos para el proceso de diálogo.
“Liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados”, dijo.
“Y los juzgados, se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”, agregó. El gobierno de Ortega niega que existan presos políticos en su país.
Además, se propuso implementar reformas electorales sugeridas por la Organización de Estados Americanos (OEA) que “perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.
Nicaragua vive su peor crisis desde la Revolución sandinista (1979-1990): el déficit presupuestario de 2019 es de 320 millones de dólares, algunos de sus funcionarios -incluyendo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo- han sido sancionados por Estados Unidos y diversos organismos financieros internacionales le han congelado los créditos al país.
Analistas aseguran que Ortega, quien retomó el poder en 2007 tras gobernar entre 1985 y 1990, aceptó ir a las negociaciones antes de que la crisis económica se profundice.
El Gobierno también pidió “suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”.
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