Abogados piden nulidad del proceso contra Lula da Silva

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril por supuestos actos de corrupción, solicitó la nulidad del proceso judicial contra el ex presidente brasileño por falta de pruebas.

Los abogados del ex dirigente obrero elaboraron un documento de mil 634 páginas y 23 anexos.

Entre los señalados por la defensa aparece la parcialidad del ex juez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia y quien estuvo al frente del caso hasta noviembre último.
La persona que aceptó comandar el Ministerio de Justicia ampliado ‘del presidente electo -es el mismo que afirmó que el defendido (Lula) se pudra en la cárcel y que sus aliados serán arrestados si no dejan el país’, indica un fragmento del texto.

Agrega que Moro ‘tomó diversas medidas ilegales y arbitrarias contra el defendido con el objetivo de promover el desgaste de su imagen’.

La defensa, comandada por el abogado Cristiano Zanin, volvió a afirmar que el ex gobernante es víctima de lawfare (uso de instrumentos jurídicos para persecución política).
En noviembre, el exjefe Estado enfrentó otro interrogatorio dentro del marco de la operación Lava Jato que investiga hechos de corrupción.

La nueva jueza que lidera Lava Jato, Gabriela Hardt, inquirió a Lula, de 73 años, para que explicara sobre aparentes transformaciones hechas a una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo, atribuida de facto a él y que habrían sido pagadas por empresas constructoras entre 2010 y 2014 a cambio de contratos con la compañía Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Hardt sustituyó a Moro, nuevo ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro.
‘De nuevo se repite la farsa... y solo tiene la convicción del Ministerio Público’, dijo en la ocasión la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hofmann, en alusión al jurista Deltan Dallagnol, promotor de la operación Lava Jato.

Según la líder del PT, la expectativa que la postura de la jueza sustituta sea la misma que la adoptada por Moro desde el inicio de Lava Jato, en marzo de 2014.
Para los abogadores defensores, ‘Lula es víctima de una verdadera cacería judicial por parte de un agente togado (Moro) que utilizó indebidamente expedientes jurídicos para perseguir políticamente a un ciudadano, buscando anular, una por una, sus libertades y derechos’.