Video pone en duda estado real de salud de Fujimori

Un video que muestra al ex presidente peruano Alberto Fujimori en la clínica que lo aloja desde que fue anulado su indulto amerita una verificación de su real estado de salud, afirmó el parlamentario Humberto Morales.

En las imágenes, difundidas por una televisora local, Fujimori se entera por televisión de la orden judicial de prisión preventiva hasta por tres años de su hija Keiko, y reacciona enérgicamente con molestia, sale de la cama y se arranca la conexión a los equipos que controlan su estado.

Previamente, hace una llamada por el teléfono móvil y da instrucciones para verificar las condiciones en las que la jefa del partido Fuerza Popular (FP) será encarcelada.
Para Morales, lo mostrado no corresponde a un octogenario ingresado por una afección cardíaca, como declaran los médicos de la clínica privada peruano-japonesa que lo alberga y donde está bajo vigilancia policial.

Fujimori pidió ser conducido a ese centro el 3 de octubre en cuanto se hizo pública la decisión judicial de anular por ilegalidades el indulto, noticia que le habría causado taquicardia, sin que la clínica le dé hasta ahora el alta para su regreso a la prisión.
Fuentes del Ministerio Público citadas por el diario Correo informaron que el fiscal Luis Landa pedirá en los próximos días al poder judicial que un médico del Instituto de Medicina Legal verifique la salud del ex gobernante (1990-2000) e informe al respecto.

El ex mandatario no solo tiene pendiente continuar cumpliendo la condena de 25 años iniciada en 2006, sino otro juicio por la matanza de Pativilca, perpetrada por un grupo paramilitar en 1992 y por la que un fiscal pidió una pena similar.

Entretanto, la representante de las familias de las víctimas de las matanzas similares por las que Fujimori fue condenado informó que solicitó al juez a cargo que analice el diagnóstico de la clínica para establecer si está ya en condiciones de ir a la exclusiva cárcel en la que permaneció hasta diciembre de 2017.

Sigue congelada, por otra parte, una cuestionada ley dictada con celeridad inaudita por la mayoritaria bancada congresal de FP que dispone que los presos mayores de 75 años y enfermos terminen de cumplir sus condenas en libertad restringida, controlados por un localizador electrónico para que no dejen la provincia donde viven.