Aportes fraudulentos en Argentina: "Estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades"

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Hace poco más de un mes el periodista argentino Juan Amorín hizo pública una investigación en la que reveló una presunta falsificación de donaciones de dinero a la campaña electoral del PRO (principal partido de la alianza Cambiemos que gobierna en Argentina) en las elecciones legislativas de 2017.

Según la información que ha sido actualizada semana a semana en el portal El Destape y replicada en otros medios de comunicación, ya serían más de mil las personas beneficiarias de programas sociales que figuraban como aportantes a la campaña electoral de esa organización en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no sabían nada al respecto e incluso, sin su consentimiento, aparecen también como afiliados al partido político en cuestión.

Así, los supuestos aportantes de dinero, según la investigación, forman parte de iniciativas estatales de creación de empleo como los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen o están inscriptas en el Monotributo Social. Quienes perciben este tipo de asistencia son los sectores más vulnerables de la población. En el caso del Monotributo Social abarca a personas con ingresos inferiores a los 107.000 pesos (3.800 dólares) al año. Por este motivo resulta llamativo que, según consta en las actas del PRO, hayan decidido destinar entre 350 y 700 pesos –casi el 10% de su ingreso mensual– a la campaña electoral.

"Los gobernantes no han dado ninguna respuesta"
"Pasaron 33 días desde que publicamos la investigación. Es necesario aclarar que los gobernantes todavía no han dado ninguna respuesta", sostuvo Amorín desde los estudios de RT en Buenos Aires. Si bien reconoció que "han forzado la renuncia de una contadora general de la Provincia de Buenos Aires", María Fernanda Inza, aseguró que en términos "estrictamente jurídicos" no se han presentado en ninguna de las tres causas en curso.

El periodista analizó que "hay millones de pesos en juego" y ese número puede ascender "a millones de dólares porque también surgieron candidatos de la propia alianza que están diciendo que no aportaron". Finalmente, consideró que "estamos hablando de un plan sistemático de robo de identidades a personas que no tenían nada que ver para financiar al partido gobernante, para lavar dinero quién sabe de quién".

Consultado sobre este último punto, dijo que "el dinero pudo haber salido del Estado, puede ser un retorno de la obra pública o puede venir de empresas, algo que en Argentina por la ley electoral actual está prohibido".
Tomado de RT