Ecuador: ordenan prisión preventiva para Rafael Correa

La jueza de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniella Camacho, ordenó este martes prisión preventiva contra el ex presidente Rafael Correa, en la investigación que se le sigue por su presunta implicación en el caso del secuestro del ex asambleísta Fernando Balda.
Además, dispuso la difusión roja para que Interpol lo localice y lo aprehenda con fines de extradición.
La orden fue solicitada por el fiscal General Paúl Pérez y la defensa de Balda, una vez que el ex mandatario no acudiera este lunes a la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito, capital de Ecuador a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba la medida cautelar de Camacho establecida el 18 de junio.
En su lugar, Correa se presentó en la sede del Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside desde el año pasado. Aseguró que lo amparan la Convención de Viena de Relaciones Consulares, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y la Constitución y leyes de la República de Ecuador.
El ex mandatario dijo este martes, en su cuenta en Twitter, que lo han vinculado al caso “sin ninguna prueba” en su contra. Además, catalogó de “imposible de cumplir” la medida cautelar que le había puesto la jueza.
En sus reacciones, Correa también destacó que Balda ya había adelantado en noviembre del año pasado que su detención sería solicitada a Interpol. “¿Adivino o parte de un complot?”, preguntó.
Secuestro
El secuestro de Balda ocurrió en 2012, en Bogotá (Colombia), un rapto que fue frustrado rápidamente por la policía, tras una llamada de un taxista, según informó la Fiscalía colombiana, luego de la investigación de los hechos.
El propio Balda, en sus testimonios ante la Justicia ecuatoriana, ha dicho que los secuestradores eran integrantes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que respondían a órdenes de Correa; pero otra versión señala que eran oficiales de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Ecuador (DGI); de hecho, el principal implicado es Luis Raúl Chicaiza, miembro activo de la DGI al momento del rapto.
Chicaiza, en proceso judicial en Ecuador, ha dicho que habló dos veces con el ex mandatario sobre el secuestro. Sin embargo, su abogado reveló, en entrevista con Ecuador Inmediato, que “no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa”.
Correa brindó una primera versión de este caso el pasado 24 de mayo, de manera libre y sin juramento desde el consulado de Ecuador en Bélgica.
El ex mandatario ha denunciado que en este proceso están mezclando elementos de ese secuestro con el proceso de deportación, que se realizó posteriormente contra Balda, quien había recibido una condena de 2 años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave.
Seguidores de Correa, convocaron una marcha para este jueves denominada ‘Indígnate Ecuador’, en apoyo al ex presidente y defender lo que consideran fueron los “avances encaminados” durante su gobierno y que ahora se están viendo afectados por la administración de Lenín Moreno.