Secretario de Finanzas de la Gobernación alerta una reducción del 30% en ingresos y un cierre de gestión con alto déficit

El secretario de Finanzas Públicas y Planificación de la Gobernación de Tarija, Erich Montaño, informó sobre la compleja situación económica que atraviesa la institución, marcada por una caída significativa en los ingresos y por obligaciones financieras que deben cumplirse antes de cerrar la gestión.

Montaño explicó que, pese a que la Gobernación tenía previsto recibir más de 31 millones de bolivianos mensuales, los recursos efectivos han oscilado entre 18 y 22 millones. “A la fecha hemos recibido más de 105 millones de bolivianos menos, es decir, un 30,71% menos de lo presupuestado. Esto nos deja un hueco muy grande y complica la ejecución planificada”, señaló.

Agregó que en el último mes la Gobernación recibió 22,4 millones de bolivianos, pero un proceso judicial arrastrado desde gestiones anteriores derivó en la retención de 6,2 millones, por lo que solo se dispone de 15 millones para cubrir obligaciones. Entre ellas se encuentran el pago de aguinaldos, que supera los 8 millones; y compromisos por préstamos y fideicomisos, que rondan los 6 millones de bolivianos.

“Con esos montos prácticamente ya están comprometidas las responsabilidades legales. Esperamos una última remesa de alrededor de 20 millones para fin de diciembre, lo que permitirá cerrar la gestión, aunque algunas obligaciones deberán trasladarse al próximo año, como posiblemente los sueldos de noviembre y diciembre”, indicó.

Montaño también se refirió a las dificultades que enfrenta la institución por normativas aprobadas desde la Asamblea Legislativa Departamental. “Todos los días llegan leyes pidiendo informes sobre disponibilidad financiera, cuando es de conocimiento que no existe tal disponibilidad. Hay normas que atentan directamente contra el presupuesto y profundizan el déficit. Para corregir estos huecos se deben revisar y eliminar algunas leyes”, afirmó.

Finalmente, aclaró que la retención de 6,2 millones no está relacionada con el conflicto del sector Salud, sino con un proceso judicial correspondiente a un proyecto de la Subgobernación de O’Connor de gestiones pasadas.