Advierten sesgo en procesos laborales contra el Sedeca

El vocero de la Gobernación de Tarija, César Ramos, denunció públicamente la actuación parcializada de la Jefatura Departamental de Trabajo con los procesos laborales iniciados por un grupo de trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), correspondiente a anteriores gestiones.

“Nos preocupa profundamente la forma en que se han estado resolviendo estos procesos, donde se evidencia un claro favorecimiento hacia los demandantes, en detrimento de la institucionalidad y los recursos del departamento”, afirmó Ramos.

Según explicó, se identificaron al menos ocho casos en los que, a pesar de no haberse solicitado formalmente la reincorporación laboral, la Jefatura de Trabajo obligó al Gobierno Departamental a aceptar nuevamente a estos funcionarios.

“Hemos registrado montos que superan los 3,6 millones de bolivianos en indemnizaciones, incluso por periodos en los que no se prestó ningún servicio. Hay un caso donde se pagó más de un millón de bolivianos por un proceso que se prolongó durante nueve años”, lamentó.

El vocero cuestionó que este tipo de decisiones judiciales y administrativas respondan a presiones sindicales o políticas, afectando directamente al presupuesto departamental, en un contexto de crisis financiera que demanda priorizar los programas sociales y la atención a la población más vulnerable.

Asimismo, Ramos informó que la Gobernación continúa analizando una amplia lista de procesos laborales en curso, muchos de los cuales carecen —según indicó— de fundamento real o de una evaluación imparcial por parte de las autoridades competentes.

“Estamos siguiendo los conductos legales para recuperar parte de los recursos comprometidos injustamente, porque ese dinero debe ser destinado a las verdaderas necesidades del pueblo tarijeño”, enfatizó.

Finalmente, el funcionario aseguró que el Gobierno Departamental no permitirá que continúe la parcialización en el tratamiento de estos casos, y reafirmó su compromiso de defender los intereses de la población y la institucionalidad pública.