El acelerador que el Gobierno sigue sin definir
El Hospital Oncológico de Tarija lleva años esperando una decisión técnica que debería estar resuelta. Con más del 70% de avance físico y más de 100 millones de bolivianos invertidos, el proyecto permanece paralizado porque el nivel central no define qué acelerador lineal instalará
Hay obras que se paralizan por falta de dinero, otras por problemas administrativos y algunas porque nunca debieron construirse. El Hospital Oncológico de Tarija corre el riesgo de reunir todas esas desgracias, pero su obstáculo inmediato es mucho más concreto: el Gobierno nacional todavía no ha definido qué acelerador lineal pretende instalar. Y mientras esa decisión no llegue, no se puede completar el búnker que debe alojar el equipo ni avanzar con el equipamiento que dará sentido a toda la infraestructura.
No estamos hablando de un proyecto recién concebido ni de una demanda improvisada. El Oncológico acumula más de una década de gestiones, registra al menos un 73% de avance físico y ha comprometido más de 100 millones de bolivianos. Fue incorporado en el Decreto Supremo 3631 de 2018, que declaró de interés nacional el equipamiento de varios hospitales, y volvió a ser declarado prioritario por una ley aprobada en abril de 2026. La AISEM ya trabajaba desde 2025 en la actualización de los requerimientos técnicos y la definición del presupuesto. Es decir, el Estado conoce el proyecto, sus obligaciones y el paso que falta. Lo que no ha hecho es resolverlo.
El viceministro de Salud ha reconocido que la falta de definición del modelo de acelerador es el principal problema. También se ha intentado trasladar responsabilidades al Sedes, pero la decisión técnica y financiera corresponde al nivel central, a través del Ministerio de Salud y la AISEM. Por eso, la exigencia es sencilla y urgente: que el Gobierno indique de una vez cuál es el acelerador que va a instalar, establezca sus especificaciones, determine el costo y active el procedimiento para adquirirlo. No hacen falta más reuniones para explicar por qué no se puede avanzar. Hace falta decidir.
El rango de inversión estimado, entre tres y diez millones de dólares según las características del equipo, está fuera de las posibilidades de la Gobernación, especialmente en el actual contexto financiero. Pero tampoco puede convertirse en una excusa para que el nivel central se desentienda de una obligación que asumió hace años. Si el proyecto fue declarado de interés nacional y prioridad mediante normas expresas, corresponde que el Gobierno garantice su conclusión y explique de dónde saldrán los recursos. Las declaraciones de prioridad no sirven de nada si no se traducen en presupuesto, cronograma y responsabilidades.
Más preocupante todavía es que se pretenda reabrir la discusión sobre si Tarija necesita o no un hospital de estas características. Esa discusión ya fue abordada durante la planificación y ejecución del proyecto. El nuevo estudio epidemiológico del Sedes estima alrededor de 783 nuevos casos de cáncer al año, frente a los 399 que reflejan los registros históricos de la sanidad pública. La diferencia, según la institución, responde al subregistro y a que numerosos pacientes asegurados reciben atención en otros departamentos. Además, el 58% de los pacientes procedería de las provincias, una realidad que obliga a considerar las distancias y los costos de traslado.
Las cifras deben ser examinadas con rigor, pero no pueden descartarse por conveniencia. La falta de servicios especializados también limita la capacidad de diagnosticar y registrar casos. Y aun si se discutiera la dimensión final del establecimiento, esa discusión no puede utilizarse para justificar una parálisis indefinida ni para desconocer la inversión ya realizada. Lo razonable es ajustar lo que técnicamente corresponda y terminar una infraestructura que debe servir a Tarija y al sur del país, incluidos pacientes de Chuquisaca y Potosí.
Cada mes de demora tiene consecuencias que no aparecen en los informes de avance. Son pacientes que deben viajar, familias que deben cubrir alojamiento y transporte, tratamientos que se complican y oportunidades de atención que se pierden. En oncología, el tiempo no es un detalle administrativo. La radioterapia no puede esperar a que las autoridades resuelvan sus diferencias o terminen de discutir lo que ya deberían haber definido.
El Gobierno de Rodrigo Paz debe asumir esta responsabilidad sin más rodeos. Que informe cuál será el acelerador lineal, cuánto costará, cómo se financiará, quién ejecutará la adquisición y en qué fecha estará instalado. Si existen observaciones técnicas, que las haga públicas y las resuelva con especialistas. Si el diseño requiere ajustes, que presente una alternativa concreta y un calendario. Lo que no puede hacer es mantener al departamento atrapado entre informes, excusas y nuevas dudas.
El Oncológico no necesita otra declaración de buenas intenciones. Necesita un acelerador, equipamiento, personal y una fecha de apertura. Después de tantos años y tantos recursos invertidos, dejarlo convertido en un edificio vacío sería una forma inaceptable de negligencia pública. El Gobierno tiene la palabra, pero sobre todo tiene la obligación de actuar.


