No hay atajos para salir del vacío constitucional

Bolivia está descubriendo, quizá a la fuerza, que una cosa es tener voluntad política para cambiar y otra muy distinta contar con las condiciones institucionales para hacerlo.

El país necesita reformas. Hay instituciones que deben modernizarse, competencias que deben ordenarse, reglas económicas que necesitan actualizarse y una estructura fiscal que requiere revisión. Incluso puede existir una discusión legítima sobre si la propia Constitución necesita modificaciones profundas.

Pero hay una condición previa que no podemos seguir esquivando: el Tribunal Constitucional Plurinacional debe recuperar plenamente su capacidad institucional.

No porque el TCP sea infalible. No porque sus magistrados estén por encima de la crítica. Y mucho menos porque haya que defender a quienes ocuparon cargos públicos y cometieron irregularidades.

Precisamente porque queremos cambiar las cosas, necesitamos un árbitro constitucional capaz de determinar si estamos cambiándolas correctamente.

El TCP funciona hoy con una composición incompleta, situación que limita el ejercicio de sus atribuciones. El problema no es solamente administrativo. Es institucional.

Y aquí aparece la paradoja: estamos discutiendo cómo cambiar las reglas del país mientras el órgano encargado de garantizar la supremacía de esas reglas no está plenamente conformado. No parece sensato. Mucho menos después de lo ocurrido con la Fiscalía General.

Se trata de impedir que las mayorías circunstanciales sustituyan al Estado de Derecho. Las reglas pueden cambiarse, pero deben cambiarse siguiendo las reglas

Al margen de la figura de Mariaca, el ordenamiento constitucional ha sido violentado por intereses políticos. La decisión conveniente se ha abierto camino mediante una modificación legislativa acelerada, una imputación y una mayoría parlamentaria, pero no sería buena idea convertir esto en precedente o en recurso recurrente, porque mañana puede tocarle a otro: un gobernador, un magistrado, un ministro, un parlamentario o incluso el propio Presidente.

El problema no es quién ganó esta batalla. El problema es qué reglas quedan después de ella.

Si cada vez que una mayoría considera que una institución estorba se modifica la ley para hacer posible su sustitución, no estamos reformando el Estado. Estamos administrando las instituciones según la correlación de fuerzas de cada momento, y eso es precisamente lo que Bolivia debería haber aprendido a superar.

La discusión constitucional será todavía más delicada. Se habla de modificar la estructura del Estado, revisar competencias, redefinir relaciones fiscales, fortalecer autonomías, cambiar reglas económicas o reformar la justicia constitucional. Todo eso puede discutirse. Pero no puede hacerse por la puerta trasera.

La Constitución establece sus propios mecanismos de reforma. El artículo 411 diferencia entre la reforma total o aquella que afecte sus bases fundamentales, que requiere una Asamblea Constituyente y referendo, y la reforma parcial, que exige aprobación legislativa por dos tercios y posterior referendo.

No es un capricho burocrático. Es el mecanismo que una sociedad se impone para impedir que una mayoría circunstancial – producto de aquella polémica elección de agosto de 2025 - pueda cambiar las reglas fundamentales sin consultar a la ciudadanía.

Por eso sería un error intentar resolver el problema del TCP con otra solución de emergencia, una norma transitoria o una fórmula diseñada para acomodar la institucionalidad a las necesidades políticas del momento.

Puede parecer práctico. Puede presentarse como una salida necesaria para destrabar al país. Pero si para resolver un problema constitucional empezamos forzando la propia Constitución, estaremos entrando en un círculo del que después será muy difícil salir.

No hay reforma seria sin seguridad jurídica. Y no hay seguridad jurídica sin un Tribunal Constitucional plenamente operativo.

Quienes tienen hoy el poder deben entender algo fundamental: la Constitución también protege al que gobierna cuando mañana deje de gobernar.

Por eso recuperar plenamente el Tribunal Constitucional no puede ser un asunto secundario frente a la emergencia económica, política o institucional. Es parte de la solución.

Primero debemos recuperar el árbitro constitucional. Después podremos discutir las nuevas reglas. Y finalmente, si la sociedad así lo decide, podremos cambiar lo que deba cambiarse. Pero no hay atajos.