Recuperar el Tribunal Constitucional
El vacío institucional del TCP puede convertir cualquier gran acuerdo político en una decisión vulnerable. Antes de discutir nuevas reglas, Bolivia necesita volver a tener plenamente operativo al órgano encargado de decir si esas reglas caben dentro de la Constitución
Bolivia está entrando en una etapa en la que prácticamente todo está sobre la mesa. Se habla de reformas económicas, de una nueva distribución de recursos, de pacto fiscal, de autonomías, de cambios en las reglas de inversión, de hidrocarburos, de nuevas leyes y hasta de modificaciones constitucionales. El Gobierno busca acuerdos con gobernaciones, municipios y otros actores. La Asamblea liquida al Fiscal General en un pestañeo y alista nuevas reformas. El país discute cómo salir de una crisis que ya no puede resolverse con medidas parciales.
Y, sin embargo, hay una pregunta previa que no estamos haciendo con suficiente seriedad: ¿Quién va a decir si todo eso es constitucional?
El Tribunal Constitucional Plurinacional atraviesa una situación que no puede seguir tratándose como un problema administrativo más. La falta de quórum suficiente para que pueda funcionar con normalidad no es solamente un inconveniente para los magistrados. Es un vacío en el sistema de controles del Estado.
Ese vacío puede terminar condicionando precisamente aquello que Bolivia necesita hacer con mayor urgencia: cambiar.
Una cosa es aprobar una ley. Otra muy distinta es aprobar una ley que pueda resistir constitucionalmente. Una cosa es firmar un acuerdo político entre el Gobierno y las gobernaciones. Otra es garantizar que ese acuerdo pueda traducirse en normas, presupuestos y competencias compatibles con la Constitución.
Una cosa es anunciar una reforma. Otra es saber si se trata de una reforma parcial que puede tramitarse mediante los mecanismos previstos para ello o si afecta bases fundamentales que requieren un procedimiento diferente. Incluso si en esa reforma se plantea eliminar el TCP y que la Asamblea vuelva a ser el órgano de interpretación, hace falta que el TCP lo apruebe. O así sería en un Estado de Derecho.
Ese detalle jurídico puede parecer tedioso frente a la urgencia económica, pero no lo es. Es, probablemente, uno de los asuntos más importantes de la coyuntura. Bolivia no puede darse el lujo de construir durante meses una reforma económica, un pacto fiscal o una nueva arquitectura autonómica para descubrir después que una parte sustancial de aquello es incompatible con la Constitución.
Se puede repetir mil veces que se ofrece “seguridad jurídica”, pero nadie vendrá a invertir a un país donde el gobierno contradice la Constitución amparado en un Estado de Excepción, que es justamente el antónimo de Estado de Derecho.
Por eso el TCP importa. No porque sus magistrados deban convertirse en protagonistas políticos. Precisamente, al contrario: porque su función debe ser jurídica, no política.
Un Tribunal Constitucional fuerte no debería responder a los intereses del Gobierno, de la oposición ni de las regiones. Debería responder a la Constitución.
Y esa independencia es especialmente necesaria cuando el país pretende modificar muchas de las reglas que han sostenido su desarrollo durante las últimas décadas.
Los ciudadanos necesitan saber que las reglas no cambiarán simplemente porque una mayoría circunstancial tenga los votos suficientes. Por eso, antes de celebrar cada nuevo acuerdo, cada nueva ley o cada nueva reforma, deberíamos estar preguntándonos si estamos construyendo sobre suelo firme.
Si vamos a cambiar el país, hagámoslo. Pero hagámoslo sobre bases que puedan sostenerse.
