La excepción y la legitimidad democrática del Gobierno
Bolivia necesita recuperar la normalidad institucional para discutir sus reformas y consultar a los ciudadanos. Prolongar la excepcionalidad puede terminar siendo una forma de postergar la decisión política que el país reclama
El Gobierno debe explicar por qué considera necesario ampliar el Estado de Excepción, pero esa explicación no puede limitarse a enumerar supuestas dificultades o alimentar peligros o prejuicios sin dar suficiente información al respecto. Debe demostrar que la medida extraordinaria resolvió la medida, qué resultados produjo pero, sobre todo, por qué después de estos meses el país en los que no ha pasado no se ha resuelto nada, necesita otros 90 días de excepcionalidad, porque hasta ahora cuesta encontrar esos resultados más allá de la desarticulación de unas protestas que apenas duraron dos días desde su promulgación.
Los problemas de abastecimiento de combustibles continúan. La economía sigue sometida a una enorme presión. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llega seguramente tarde y plantea un programa de ajuste cuyas consecuencias sociales todavía deben ser explicadas con claridad. No con Fe, con claridad. Mientras tanto, sectores como el transporte, productores y otros sectores ya anuncian nuevas movilizaciones ante las decisiones que se preparan para 2027, pero que no tienen el mismo origen que las de mayo.
Bolivia necesita salir de la excepción para poder decidir su futuro, y ese futuro debe volver a las urnas
El Estado de Excepción solucionó, relativamente, el problema original, para lo que seguramente no hacía falta más que hacer que las fuerzas del orden cumplieran con su misión. Hoy, incluso aquellos que aseguraban que la medida extrema serviría para aprehender a Evo Morales, están decepcionados, pero incluso esa discusión puede resultar secundaria frente a una cuestión mayor: Bolivia necesita una salida política, no una prolongación de la excepcionalidad que no gusta entre los organismos multilaterales, ni siquiera en el FMI.
El país atraviesa una crisis económica e institucional que no se resolverá mediante decretos ni mediante la extensión indefinida de mecanismos extraordinarios. Necesita decisiones de fondo. Y entre ellas está la reforma de la Constitución además de la renuncia.
El gobierno necesita relegitimarse en las ánforas, y llevar una reforma constitucional a un referéndum plebiscitario con compromiso de renuncia es la más factible en medio de este contexto. Nadie puede considerar una estrategia seria el engañarnos como si el TCP no existiera, como si la propia CPE no existiera o administrar chicanas que solo conducirán al desastre. Votar es, precisamente, la manera democrática de devolverle a la sociedad la capacidad de decidir sobre cuestiones que exceden a un Gobierno y a una legislatura.
Reformar la Constitución en Estado de Excepción es simplemente ilegal, a esto se añade que una democracia no puede acostumbrarse a gobernar bajo excepción mientras posterga las decisiones que requieren deliberación y participación ciudadana.
El Gobierno debe rendir cuentas, sí, pero no para justificar otros 90 días de excepción como un fin en sí mismo. Debe rendir cuentas para explicar dónde estamos y qué propone para salir de esta situación. Y esa justificación debería contrastarse con una alternativa mucho más importante: acelerar la salida política.
El Gobierno no debería temerle a las urnas. Si considera que sus propuestas son necesarias y que la Asamblea es representativa, tiene la oportunidad de defenderlas ante los ciudadanos. Si la sociedad las respalda, tendrán una legitimidad que ahora no tiene y que ningún decreto puede otorgar. Y si las rechaza, habrá que aceptar democráticamente ese resultado.
En momentos de desconfianza, la solución no puede ser pedirle a la sociedad otros 90 días de paciencia. Tiene que ser devolverle la palabra.
