Tariquía, la transparencia y las cajas de papel
Reducir toda la controversia a unos pocos kilómetros dentro o fuera del límite administrativo de la reserva significa perder de vista el conjunto
La exploración de hidrocarburos en Bolivia siempre ha estado rodeada de una tensión difícil de resolver. El país necesita encontrar nuevas reservas si quiere recuperar parte de su seguridad energética, reducir la dependencia de combustibles importados y reconstruir una economía que durante décadas descansó sobre el gas. Esa necesidad existe y negarla sería irresponsable.
Pero igual de irresponsable sería pretender que esa urgencia justifique cualquier procedimiento.
El conflicto en torno al pozo DMO-X3 vuelve a demostrar que el principal problema no es únicamente el proyecto en sí, sino la forma en que se están tomando las decisiones. Entregar a las comunidades casi cinco mil páginas de estudios técnicos, sin acceso efectivo a todos los datos digitales y con apenas siete días para revisarlas antes de una reunión informativa, difícilmente puede considerarse un proceso serio de participación ciudadana.
Cumplir formalmente un requisito no siempre significa cumplir su espíritu.
La consulta ambiental, especialmente cuando afecta a territorios sensibles y a comunidades directamente involucradas, debe ser una herramienta para construir confianza, no un trámite administrativo destinado a blindar decisiones ya tomadas. Si quienes deben analizar la información no disponen del tiempo, los medios técnicos o el acompañamiento suficiente para comprenderla, la participación termina convirtiéndose en una ficción.
Y eso perjudica a todos.
Perjudica a las comunidades, porque sienten que su opinión apenas tiene incidencia. Perjudica a las empresas, porque cualquier proyecto nace rodeado de desconfianza y conflicto. Y perjudica al propio Estado, porque las decisiones que deberían fortalecer la institucionalidad terminan debilitando su legitimidad.
La participación ciudadana no se cumple entregando miles de páginas en una semana. Se cumple cuando la información es comprensible, el tiempo es razonable y las observaciones pueden influir realmente en la decisión final
En el caso de Tariquía, además, existe un elemento adicional que no puede ignorarse. El debate público ha quedado excesivamente concentrado en la ubicación exacta del pozo DMO-X3 respecto a los límites de la reserva. Sin embargo, la discusión de fondo es mucho más amplia. El desarrollo del bloque San Telmo Norte no se agota en un solo pozo. Forma parte de un proyecto de mayor alcance cuyos efectos acumulativos sobre el territorio deben analizarse con la misma seriedad que cada intervención individual.
Reducir toda la controversia a unos pocos kilómetros dentro o fuera del límite administrativo de la reserva significa perder de vista el conjunto.
Las áreas protegidas existen precisamente porque concentran valores ambientales, hidrológicos y sociales que trascienden una línea dibujada sobre un mapa. En Tariquía están en juego fuentes de agua, biodiversidad, actividades productivas tradicionales y el modo de vida de comunidades que llevan décadas habitando ese territorio. Cualquier decisión debe ponderar todos esos factores con la misma rigurosidad que las necesidades energéticas del país.
Eso exige instituciones fuertes, estudios independientes y procesos transparentes.
Bolivia necesita explorar. Probablemente más que nunca. Pero también necesita recuperar la confianza en la forma en que se autorizan los grandes proyectos. Sin información accesible, sin tiempos razonables para el análisis y sin espacios donde las observaciones puedan modificar realmente las decisiones, cualquier proceso terminará siendo percibido como una imposición.
La transparencia no consiste en entregar miles de páginas de documentos. Consiste en garantizar que quienes deben decidir o verse afectados puedan entenderlos, debatirlos y cuestionarlos en igualdad de condiciones.
Solo así será posible construir una política energética que no enfrente permanentemente desarrollo y conservación, sino que sea capaz de conciliar ambos intereses bajo el amparo de la ley y de la confianza pública.
