El tiempo

Cuarenta y tantos días después del inicio de las movilizaciones, Bolivia sigue atrapada en un escenario que se deteriora lentamente. Los bloqueos continúan, el cerco sobre La Paz se estrecha y las manifestaciones anunciadas para esta jornada vuelven a recordar que la crisis política y social está lejos de resolverse. Mientras tanto, el Gobierno asegura que se trata de un pequeño grupo vinculado al “narcoterrorismo”, pero que a la vez mantiene abierta la puerta del diálogo, aunque en la práctica se vean muy escasísimos avances.

La frase más repetida en los últimos días ha sido que “el tiempo se acaba”. La han pronunciado ministros, voceros y sobre todo, con el dedo levantado, el presidente Rodrigo Paz. La afirmación obviamente sugiere que el país se acerca a un punto de inflexión. Probablemente tengan razón. Pero si el tiempo se acaba para alguien, es sobre todo para quien tiene la responsabilidad constitucional de conducir el Estado.

La frase de que “el tiempo se acaba” ha salido del propio Gobierno. Precisamente por eso, es el Ejecutivo quien debe asumir la iniciativa y definir un camino claro para salir de la crisis.

El presidente Rodrigo Paz cuenta ahora con nuevas “herramientas”. La ley que regula los estados de excepción ya está vigente. También dispone aparentemente de respaldo político internacional y de los recursos institucionales propios del Gobierno. Los sectores movilizados, en cambio, carecen de representación parlamentaria significativa porque el TSE, en su momento, tomó las decisiones que tomó. Fue por eso por lo que confiaron en Rodrigo Paz y es por eso que hoy, fuera de los espacios de decisión, no solo sienten que sus demandas han sido ignoradas durante semanas, sino que se sienten traicionados. Esa asimetría hace que la iniciativa corresponda necesariamente al Ejecutivo.

No se trata de justificar bloqueos ni de minimizar los perjuicios que generan sobre millones de ciudadanos. Tampoco de ignorar los riesgos económicos que se acumulan cada día. Se trata de reconocer que una crisis de esta magnitud no se resuelve esperando que el desgaste haga su trabajo ni culpando al “narcotráfico”, tan adherido a la política de nuestro país desde hace tanto tiempo (y tan presente ahora) que apenas es un factor transaccional. La apuesta a que el tiempo fracture al adversario puede parecer una estrategia razonable en el corto plazo, pero suele dejar heridas más profundas en la sociedad.

La realidad es que, independientemente de cómo termine este episodio, algo esencial ya se ha quebrado. El proyecto político con el que Rodrigo Paz llegó al Gobierno se apoyaba en una promesa central: reconciliar al país, reducir la confrontación y construir un clima de estabilidad capaz de atraer inversiones y generar crecimiento. Hoy Bolivia vive exactamente lo contrario. La polarización se ha profundizado, la conflictividad domina la agenda pública y la incertidumbre se ha convertido en la principal característica del momento político.

Eso no significa necesariamente que el Gobierno haya fracasado en todos sus objetivos ni que su gestión esté concluida. Significa algo más concreto: que la principal narrativa que le dio origen ha sufrido un daño difícilmente reversible. Ningún inversor apuesta por la estabilidad de un país que permanece bloqueado durante semanas, y en eso el Gobierno es el responsable.

Por eso, más allá de la discusión inmediata sobre bloqueos, diálogo o medidas de fuerza, el desafío de fondo sigue siendo político. Bolivia necesita reconstruir acuerdos básicos sobre cómo gobernarse, cómo distribuir los costos de la crisis y cómo procesar democráticamente los desacuerdos. Ese trabajo no puede esperar indefinidamente.

El tiempo, efectivamente, se acaba. Pero no para una sola parte. Se acaba para todos los actores que todavía creen que esta crisis puede resolverse únicamente por desgaste. La historia reciente de Bolivia demuestra que, tarde o temprano, alguien tiene que tomar la iniciativa. Y esa responsabilidad, hoy por hoy, sigue estando en manos del Gobierno.