El débito automático y la responsabilidad Ministerial
El Ministerio de Economía continúa a la defensiva en el asunto de los débitos automáticos. Ayer trató de justificar por todos los medios posibles su papel en la gestión de los últimos cobros que ha ejecutado desde su autoridad a simple petición de los alcaldes y – según la Gobernación...
El Ministerio de Economía continúa a la defensiva en el asunto de los débitos automáticos. Ayer trató de justificar por todos los medios posibles su papel en la gestión de los últimos cobros que ha ejecutado desde su autoridad a simple petición de los alcaldes y – según la Gobernación – sin corroborar la autenticidad de las sumas.
La Gobernación ha mostrado que los débitos se están realizando sobre el 100 por ciento de los ingresos de regalías del departamento, cuando hace ya años que se manejan en cuentas separadas el 45 por ciento del Chaco y el resto, y que la propia ley 206, que lo fundamenta, argumenta sobre los municipios no chaqueños.
En el pasado vimos como el Gobernador interino Lino Condori aprobaba y aprobaba proyectos bajo declaración jurada de disponibilidad presupuestaria, con la venia del Ministerio, que después no asumió ningún tipo de responsabilidad cuando la disponibilidad en cuestión desapareció y dejó un agujero enorme
Resulta poco profesional que la Viceministra Interina del Tesoro y Crédito Público, Grisha Fusimoto, que es quien autoriza precisamente estos débitos en su condición de Directora General de Administración y Finanzas Territoriales, aproveche su interinidad para justificar que “la determinación de los montos debitados los efectúan las entidades solicitantes, no lo determina el Ministerio de Economía, el ministerio es solo un operador del débito automático”, como descargando responsabilidad en un acto que podría tener responsabilidades penales. ¿Es posible que el Ministerio no verifique montos y simplemente ejecute lo que se le solicita? ¿Cuántos tipos de responsabilidad se pueden identificar en el caso de que esos sobregiros, por ejemplo, dejen sin recursos al San Juan de Dios o impagos a docenas de familias que esperan por un desembolso?
El papel del Ministerio de Economía en la administración autónoma es más que controvertido y necesita una urgente explicación. En el pasado vimos como el Gobernador interino Lino Condori aprobaba y aprobaba proyectos bajo declaración jurada de disponibilidad presupuestaria, con la venia del Ministerio, que después no asumió ningún tipo de responsabilidad cuando la disponibilidad en cuestión desapareció y dejó un agujero enorme en proyectos comprometidos para su financiación.
En la misma línea, el Ministerio insiste en que nada tienen que ver en los cálculos de los alcaldes y que simplemente es un ejecutor y que, por ende, nada tiene que ver con dejar a la Gobernación sin liquidez para enfrentar siquiera los pagos más básicos. Una circunstancia que realmente preocupa.
La autonomía nunca fue tal; la Ley Marco de Autonomías cerró todos los candados posibles para que los departamentos se subordinaran al proyecto del Gobierno de turno y no intentaran aventuras en solitario. El Ministerio de Planificación aprueba o condena cada uno de los proyectos o programas que se determinan en cada territorio. El Ministerio de Economía puede incluso asignar recursos al gusto, sea para contrapartes o para cualquier otra cosa, directamente con un artículo en la Ley de Presupuestos sin que ninguno de los parlamentarios locales se dé siquiera por aludido…
La Directora – Viceministra interina insiste en que “nadie confisca recursos para llevárselos a otros lados” con los débitos automáticos y que hay una Ley que hay que cumplir. Y es cierto - aunque hay decenas de leyes que no se cumplen -, pero es que nadie está cuestionando esto. Lo que está en juego es el esquema mismo de la gestión autonómica y de la capacidad del nivel central y del local, de someter a su voluntad al autonómico departamental, además, sin que nadie se haga cargo de los errores y las consecuencias provocadas.
La Gobernación ha mostrado que los débitos se están realizando sobre el 100 por ciento de los ingresos de regalías del departamento, cuando hace ya años que se manejan en cuentas separadas el 45 por ciento del Chaco y el resto, y que la propia ley 206, que lo fundamenta, argumenta sobre los municipios no chaqueños.
En el pasado vimos como el Gobernador interino Lino Condori aprobaba y aprobaba proyectos bajo declaración jurada de disponibilidad presupuestaria, con la venia del Ministerio, que después no asumió ningún tipo de responsabilidad cuando la disponibilidad en cuestión desapareció y dejó un agujero enorme
Resulta poco profesional que la Viceministra Interina del Tesoro y Crédito Público, Grisha Fusimoto, que es quien autoriza precisamente estos débitos en su condición de Directora General de Administración y Finanzas Territoriales, aproveche su interinidad para justificar que “la determinación de los montos debitados los efectúan las entidades solicitantes, no lo determina el Ministerio de Economía, el ministerio es solo un operador del débito automático”, como descargando responsabilidad en un acto que podría tener responsabilidades penales. ¿Es posible que el Ministerio no verifique montos y simplemente ejecute lo que se le solicita? ¿Cuántos tipos de responsabilidad se pueden identificar en el caso de que esos sobregiros, por ejemplo, dejen sin recursos al San Juan de Dios o impagos a docenas de familias que esperan por un desembolso?
El papel del Ministerio de Economía en la administración autónoma es más que controvertido y necesita una urgente explicación. En el pasado vimos como el Gobernador interino Lino Condori aprobaba y aprobaba proyectos bajo declaración jurada de disponibilidad presupuestaria, con la venia del Ministerio, que después no asumió ningún tipo de responsabilidad cuando la disponibilidad en cuestión desapareció y dejó un agujero enorme en proyectos comprometidos para su financiación.
En la misma línea, el Ministerio insiste en que nada tienen que ver en los cálculos de los alcaldes y que simplemente es un ejecutor y que, por ende, nada tiene que ver con dejar a la Gobernación sin liquidez para enfrentar siquiera los pagos más básicos. Una circunstancia que realmente preocupa.
La autonomía nunca fue tal; la Ley Marco de Autonomías cerró todos los candados posibles para que los departamentos se subordinaran al proyecto del Gobierno de turno y no intentaran aventuras en solitario. El Ministerio de Planificación aprueba o condena cada uno de los proyectos o programas que se determinan en cada territorio. El Ministerio de Economía puede incluso asignar recursos al gusto, sea para contrapartes o para cualquier otra cosa, directamente con un artículo en la Ley de Presupuestos sin que ninguno de los parlamentarios locales se dé siquiera por aludido…
La Directora – Viceministra interina insiste en que “nadie confisca recursos para llevárselos a otros lados” con los débitos automáticos y que hay una Ley que hay que cumplir. Y es cierto - aunque hay decenas de leyes que no se cumplen -, pero es que nadie está cuestionando esto. Lo que está en juego es el esquema mismo de la gestión autonómica y de la capacidad del nivel central y del local, de someter a su voluntad al autonómico departamental, además, sin que nadie se haga cargo de los errores y las consecuencias provocadas.
