Clubes piden audiencia con la Presidenta del Estado

Los clubes Bolívar, Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero, Guabirá, Royal Pari, Destroyers y Sport Boys piden una audiencia con la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, para exponer supuestos hechos de corrupción que habría cometido la dirigencia del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

"Permítasenos solicitarles audiencia, en la que por medio nuestro delegados asignados, podamos exponerles a ustedes personalmente los puntos y así poder entregarles la documentación para su evaluación por los Ministros a quienes también dirigimos esta carta de auxilio", indica la carta.

Estas entidades se dirigen a la Jefa de Estado; al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez; al ministro de Deportes, Milton Navarro; al viceministro de Deportes, Leonardo Martínez, y al viceministro de Autonomías, Gustavo Serrano.

Los clubes hablan de una vulneración a la Constitución Política del Estado, la Ley Nacional del Deporte, Ley de Personería Jurídica y el estatuto de la FBF "por parte de los que detentan el poder en el fútbol, provocan y generan un daño a la integridad, la coordinación, la transparencia, la legalidad y la sana competición en el fútbol", indica una parte de la misiva.

Este grupo acusa en la nota a los dirigentes federativos de realizar "negociaciones económicas y así obtener beneficios económicos al margen de la ley, recibiendo vienes producto del delito cometido asegurando el resultado de esta negociación fraudulenta y corrupta, facilitando la consumación de la legitimación de ganancias ilícitas y otros hecho al margen de la ley".

Entre los temas que la entidad federativa habría actuado de manera dudosa, y de las cuales estos clubes cuentan con documentación para respaldar la denuncia, sacan tres que están referidos al premio económico que recibió el club San José por su participación en la Copa Libertadores de América, la compra de terrenos en una superficie de cuatro hectáreas para la construcción del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en La Paz y la falta de rendición de cuentas.

En el caso del cuadro de la "V" azulada, los clubes denuncian en la carta que el premio que recibido por la Libertadores fue pagado a familiares en primer grado de parentesco de uno de los miembros del Comité Ejecutivo por la suma aproximada de un millón de dólares utilizando una empresa disuelta para generar la deuda, la misma que no aparece en el balance de cierre.

Sobre el terreno para la construcción del CAR, mencionan que hubo un sobreprecio en la compra en relación al valor inicial y agregan la falta de transparencia en el informe económico de los ingresos.

Los firmantes son clubes que han marcado una línea de oposición a la gestión de Salinas, en particular por el descenso directo de categoría que sufrió Destroyers que ha provocado una división dentro del profesionalismo.